La gran cantidad de observaciones hechas habitualmente por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y que luego son reiteradas por los organismos involucrados motivó desde la pasada legislatura la inquietud de algunos integrantes del sistema político para darle más eficiencia al contralor.

Esta semana, entrevistada por el programa Suena Tremendo de radio El Espectador, la intendenta de Lavalleja Adriana Peña reconoció que tiene "un millón y medio" de observaciones del TCR por gastos y compras de su gestión, producto de la imposibilidad de aprobar un presupuesto por falta de votos en la Junta Departamental.

La intendenta puso como ejemplo la situación que se dio por la compra de balastro, alegando que no se le permitió a la comuna adquirir el material en "pequeños comercios del interior" del departamento, una práctica que según Peña apuntaba a mejorar la situación de comerciantes habitualmente menos favorecidos.

"No me meto nada en el bolsillo. Es todo para que la Intendencia pueda hacer más caminos", apuntó.

La preocupación de Peña es compartida por otros integrantes del sistema político. El diputado del Frente Amplio y ex director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo Alfredo Asti dijo a Montevideo Portal que en algunos años el TCR ha emitido más de 20 mil observaciones a diferentes organismos.

"La Constitución establece que la Asamblea General se debe reunir para tratar las observaciones pero no se ha reunido para tratar ni una", admitió el legislador, que considera que el estudio de todas las observaciones es físicamente imposible para el organismo. "Incluso si tenemos en cuenta las consideradas urgentes, que en el último año fueron unas 6 mil, no nos darían todas las sesiones del año para hacerlo", acotó.

Esa situación motivó incluso que en la última Rendición de Cuentas, aprobada recientemente por el Parlamento, se incluyeran dos artículos que, solicitados por los propios miembros del TCR, buscaban eliminar algunas de las obligaciones del organismo para que pudiera centrarse en observaciones de mayor relevancia.

Según el diputado, "la mayoría de las observaciones se dan por principio de ejecución, que se da cuando se inicia el trámite de una compra sin que esté asignado todavía el crédito correspondiente". Asti explicó que ese tipo de situaciones son frecuentes en gobiernos departamentales y otros organismos que, "sabiendo que van a tener ese dinero, inician antes el trámite para aprovechar los tiempos".

Asti afirmó que muchas veces los organismos "deben optar entre tener rapidez en las compras o evitar la observación del TCR". En ese sentido, mencionó los ejemplos de organismos dedicados a la atención de situaciones "críticas" como el Ministerio de Desarrollo Social o de Salud Pública.

"Nadie va a decir 'qué bien que se hizo esta compra' pero ¿qué pasa si se necesita una vacuna no está disponible cuando empieza una campaña de vacunación?", ilustró.

Al detectar que los fondos no están disponibles al momento de iniciar el trámite, el TCR se ve obligado a observar una operación que para el diputado no encierra una irregularidad o una malversación.

Asti consideró que "el problema no es del TCR sino de la Constitución, que obliga al Tribunal a observar en todas esas situaciones". Para el legislador, una solución sería introducir modificaciones constitucionales de forma de que darle al organismo una tarea más relevante.

"Tendríamos que tener unas 6 observaciones por año y que sean aquellas que, si no las vemos van a provocar un daño irreparable al erario público", remarcó.