En setiembre de 2005 se conocieron públicamente las pérdidas de 2004 en los Casinos municipales, que ascendieron a 5 millones de dólares. La oposición comenzó varias investigaciones en forma independiente dado que en el Poder Legislativo, el oficialismo rechazó la creación de una Comisión Investigadora.

En el período 2000-2005, cuando Juan Carlos Bengoa fue director de Casinos Municipales, las pérdidas podrían llegar a los 14 millones de dólares.

Durante todo este período el Tribunal de Cuentas observó los gastos y los jerarcas comunales los ratificaron. Ambas conductas son moneda corriente en la administración estatal por la carga política de la acción e integración del TC y las gestiones que investiga.

Cuando se hicieron públicas estas cifras, el semanario Brecha publicó una investigación en la que se señalaban las relaciones familiares entre familiares de las empresas que eran contratadas por Casinos y los asesores de Casinos Municipales, en una investigación que estuvo, en el correr de los meses a cargo de los periodistas Fabian Werner, Walter Pernas y Pablo Alfano.

El escándalo llegó a la Junta Departamental de Montevideo de la mano del edil colorado César García. Si bien hay quienes afirman que habría sido el secretario de la Intendencia Hebert Ichusti quien se lo habría hecho llegar, la versión es categóricamente desmentida por Ichusti.

También la comuna comenzó una investigación interna y fue ella quien remitió sus resultados a la Justicia Penal.

La policía tomó cartas en el asunto por parte del departamento de Delitos Complejos que empezó a investigar en febrero de este año, tomando incluso declaraciones a los indagados.

En el correr del año se fueron conociendo más detalles de las irregularidades en Casinos Municipales, a medida que iba avanzando la investigación.

Bengoa, que se mantuvo a cargo de la dirección de Casinos del Estado, perteneciente al Ministerio de Economía y con el apoyo explícito de Asamblea Uruguay, habló en escasas ocasiones con la prensa y casi nunca se refirió a las acusaciones que había recibido junto a sus asesores.

La investigación terminó de politizarse cuando el propio Bengoa en sus declaraciones de noviembre de este año, sugirió la responsabilidad de Mujica, Arana y María Julia Muñoz.

Al primero lo señaló como quien recomendó a los asesores González y Antunez, que en un principio pertenecían al Movimiento de Participación Popular. La versión fue negada por el ministro Mujica, aunque admitió conocerlos y su participación en el sector.

La ministra María Julia Muñoz era Secretaria General de la Intendencia, mientras que el ministro Mariano Arana era el Intendente de Montevideo.

El ex director de Casinos del Estado sufrió un robo el mes pasado en su domicilio, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en Las Vegas. Allí fueron hurtados dos portafolios con documentos, supuestamente vinculados con el caso.

En cuanto a las acusaciones en sí, se trata de contrataciones directas para compra, alquiler o servicio de mantenimiento de slots a diferentes empresas en las que trabajaban o pertenecían a familiares o allegados de los asesores Orestes González, José Antúnez y el empresario Felipe Ruiz.

Esas empresas cambiaron de nombre en reiteradas oportunidades y en muchos casos pertenecían a testaferros.

También de irregularidades específicas en las que, por acuerdo, había máquinas que pagaban más de lo que recaudaban.

Una de las empresas que fue contratada directamente fue Macale S.A, que arrendó slots a la comuna sin ninguna experiencia previa, ni antecedentes comerciales con la Intendencia.

Esta empresa está a nombre de la esposa de un primo hermano del asesor de Casinos Luis González Braida, quien tuvo luego otra empresa que fue contratada por la IMM de nombre Libretol.

Asimismo fueron detectadas varias sociedades anónimas registradas en hogares humildes, en las que trabajan hijos de los asesores de Bengoa, tanto de González Braida como de Antúnez de Olivera.

Este viernes se conocerá el fallo de la jueza Fanny Canessa en donde estarán al detalle los diferentes tipos de fraude de los que se acusa a los procesados.

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