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Reinserción laboral

Kung Fú alerta que no lo dejan trabajar en Inisa por sus antecedentes y apunta a directora

En la cárcel desarrolló su carrera como rapero e integra Nada Crece A La Sombra. “Ella tiene antecedentes penales igual que yo”, plantea.

03.11.2022 21:20

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2022-11-03T21:20:00-03:00
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El tallerista y rapero Federico González Canavesi, más conocido en el medio musical como Kung Fú OmBijam, envió una nota a los medios de prensa en la que denuncia al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por impedir su derecho al trabajo. 

“Durante mucho tiempo, trabajé gratis dando talleres en Inisa. Lo hice en varias cárceles de adolescentes y siempre fui bien recibido y valorado por la institución”, relata González. “Ante la oportunidad de la apertura de un llamado laboral que hiciera formal mi trabajo, me presenté y lo gané”. 

El artista explica que luego de enterarse de que había ganado el concurso, pasaron meses, “hasta que Inisa resolvió emitir una resolución” en la que rechaza su contratación. 

La nota del instituto, con fecha 17 de octubre de 2022 dice que, “según lo acordado en Sesión del Directorio del Inisa, el día 23 de setiembre, “se dispone no contratar al señor Federico González”. 

En la resolución se argumenta que “por encima de la reinserción laboral de personas ajenas al Instituto, se encuentra la protección y las garantías de los propios jóvenes” internados en el lugar. 

En este sentido, se señala que González posee antecedentes penales y que “se está en conocimiento de sus comentarios en redes sociales” sobre “directoras integrantes del directorio del instituto” que, “a juicio de quien suscribe” (la directora Rosario de Lourdes Pérez Perdomo) “sobrepasan los límites de respeto y ética” que se esperan que respete una persona “que pretende integrar los cuadros funcionales de nuestra institución”. 

Tras la resolución adversa para González, y dado que la opinión de Pérez Perdomo no es compartida por todas las autoridades del Inisa, su caso se elevó a la Oficina Nacional de Registro Civil que, luego de estudiar el caso, respondió a Inisa que no existen impedimentos legales para rechazar la contratación del tallerista, ya que el trabajador fue seleccionado por el tribunal del llamado de acuerdo a los criterios establecidos desde el comienzo de la convocatoria. 

La directora de Inisa Andrea Venosa Armand Ugon, que conocía los buenos antecedentes de González como tallerista en cárceles, afirma que Inisa debería proceder exactamente en el sentido contrario: “Él ya dio cursos en Inisa, ya cumplió las penas por sus delitos y por tanto es una persona que tiene todos sus derechos plenos. Justamente, el mensaje que tiene que dar Inisa es el de la reinserción social”. 

Asimismo, la jerarca afirmó que también “se deben valorar las virtudes y la experiencia del artista y tallerista”.  

Por su parte, González recordó que en las bases del llamado no se había ninguna mención referida a que los postulantes no debían tener antecedentes penales y dijo que “es preocupante” que “desde el gobierno se monitoreen las redes sociales de las personas” y que el contenido de sus tuits, sean un motivo para rechazar una contratación. 

El rapero reconoce que en sus tuits hizo mención a una de las directoras de Inisa. “Lo que dije en mis redes sociales, lo sostengo, porque es un hecho de la realidad que fue publicado por la prensa y no configura un acto difamatorio: Rosario Lourdes Pérez Perdomo, directora del Inisa por el Partido Nacional, fue procesada con prisión en 2008 por un delito de frustración de pagos de cheques”, dice y señala: “Mientras ella ocupa uno de los máximos cargos de gestión del sistema penal adolescente, se rechaza mi contratación como tallerista por tener antecedentes penales y por subrayar que la directora de Inisa, al igual que yo, pasó por la cárcel.  

González ya presentó ante la justicia un recurso legal de revocación y anulación del fallo del directorio de Inisa en su contra. 

“Esta decisión es arbitraria e irregular; carece de sustento legal y da cuenta de una lógica peligrosa, que incluye el monitoreo de las redes sociales y el salteo alevoso de los mecanismos garantistas de la administración pública”. 

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