El exbanquero José Peirano Basso arribará al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Paraguay este sábado 30 de octubre.
El medio paraguayo ABC Color informó que el juez del Juzgado Penal de Garantías N º4, de Asunción, Raúl Florentín, fue notificado días atrás sobre la fecha de extradición de Peirano Basso. Sobre el exbanquero recaía desde 2004 un pedido de extradición a Paraguay por quiebra fraudulenta, en un juicio iniciado por ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del Grupo Velox, vinculado a la familia Peirano.
Peirano Basso debe enfrentar en Paraguay acusaciones por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Su abogado defensor, Pablo Donnagelo, dijo a Canal 5 Noticias que procura que Peirano pueda transitar el juicio en libertad o, en el peor de los casos, en prisión domiciliaria.
“Estimamos que el juez paraguayo no debería tener problemas en que nuestro cliente curse lo que resta del proceso en libertad, dado que, para nosotros, no existe ninguna posibilidad de que no sea archivado el caso y, en el peor de los escenarios que sea recluido, pero en el régimen de prisión domiciliaria”, señaló el abogado al citado medio.
La jueza Ana De Salterain dijo semanas atrás a Montevideo Portal que el pedido de extradición es del 2004, año en que la Justicia de Uruguay sentenció en primera y segunda instancia que el banquero debía ser extraditado a Paraguay. Al año siguiente, el caso llegó a casación y la Suprema Corte de Justicia ratificó que el banquero debía ser extraditado a Asunción. De todas maneras, el imputado debió primero cumplir su condena en Uruguay, por los delitos cometidos en su suelo natal.
José, Dante y Jorge Peirano Basso fueron detenidos en agosto 2002 por la caída del Banco de Montevideo, y enviados a prisión. Casi cinco años después, en mayo 2007, fueron liberados a raíz de una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por excesiva prisión preventiva, ya que aún no estaban sentenciados.
En 2013, la jueza penal Beatriz Larrieu los condenó por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. A pedido la fiscal Raquel González, sobre Jorge recayó una pena de seis años, y sobre José y Dante otra de nueve años. De todas maneras, no volvieron a prisión, porque ya habían cumplido más de la mitad de la pena. La condena fue confirmada por en 2017 por la Suprema Corte de Justicia.
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