Jorge Basso compareció en el Parlamento por el caso de los desfibriladores

El titular de la cartera de Salud Pública fue convocado a la cámara alta para dar explicaciones sobre el fallo de los desfibriladores que estaban dentro de la sede del MSP. El pasado 23 de julio, un octogenario sufrió un paro cardíaco en la puerta de dicho ministerio. Cuando se pretendió usar los desfibriladores que están a disposición en el edificio, no fue posible activarlos debido a que sus baterías estaban descargadas.

En rueda de prensa luego de su comparecencia, Basso explicó que esto aparatos "mejoran la respuesta pero no son imprescindibles".

"De alguna forma algunos de ellos fallaron, pese a que habían sido recientemente revisados. Un tercero, que estaba próximo al lugar, sí funcionaba pero no se aplicó, porque la persona no tenía ya ninguna posibilidad, estaba en asistolia, o sea que no estaba fibrilado", explicó en declaraciones difundidas por el noticiero Informe Nacional, de Radio Uruguay.

"Pasaron muy pocos minutos hasta que llegó la Emergencia, y no había indicación de desfibrilar. Al paciente se le aplicaron inyectables, pero no respondió", añadió Basso.

"Los procedimientos de reanimación fueron realizados como corresponde y el desenlace, si bien fue lamentable, no estuvo vinculado al problema del desfibrilador, porque se aplicó lo que se recomienda: el masaje cardíaco bien realizado por una persona idónea", manifestó.

Por su parte, el legislador nacionalista Javier García no quedó conforme con las explicaciones. "Plantearon que no lo ocurrido no era tan grave porque la persona igual hubiera fallecido", expresó en declaraciones recogidas por el citado medio.

"Si tenemos una ley vigente que establece algo que es, aparentemente, un progreso ¿cómo es que las autoridades, luego de un fallecimiento, dice que igual no hubiera servido para nada?" se preguntó.

"La alarma fue porque se produjo un infarto en la puerta del Ministerio de Salud, y cuando se requirieron los desfibriladores no funcionaban, porque están mal controlados. La pregunta es: ¿De cuántos de los más de 3.000 que hay en el país, podemos tener garantías de que funcionen, cuando quien tiene la obligación legal de controlarlos, no lo puede hacer en su propia casa?", concluyó.