El Ministerio del Interior modificó el criterio para la expedición de certificados de antecedentes judiciales y dispuso que se informe la totalidad de las causas judiciales en casos vinculados a la seguridad pública, la cooperación judicial internacional, el crimen organizado, el tráfico internacional de armas y la trata de personas, informó en primera instancia Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal.
La medida fue comunicada mediante una circular dirigida a la Dirección Nacional de Policía Científica y a las jefaturas de Policía de todo el país, tras la polémica generada por el certificado de antecedentes judiciales de Sebastián Marset. Cancillería se negó a apostillar el documento presentado por su defensa, que no registraba antecedentes en Uruguay, lo que abrió el debate sobre qué información debe incluirse en este tipo de certificados.
El nuevo texto establece: “Tampoco se incluirán los antecedentes de los solicitantes cuando hayan transcurrido más de cinco años de cumplida la sentencia condenatoria; salvo que existan razones de seguridad pública, de cooperación judicial internacional o de lucha contra el crimen organizado, o que los antecedentes refieran a delitos de tráfico internacional de armas o trata de personas, en cuyos casos se deberá informar la totalidad de las causas judiciales del solicitante”.
El caso se originó cuando la defensa de Marset, encabezada por el abogado Santiago Moratorio, solicitó a Policía Científica un certificado de antecedentes judiciales para presentarlo en el juicio que el narcotraficante enfrenta en Estados Unidos, previsto para enero de 2027. El documento no consignaba delitos cometidos por Marset en Uruguay, pese a que había sido condenado por causas vinculadas a estupefacientes.
Esto se explica porque, según la normativa uruguaya, los antecedentes penales pueden extinguirse a efectos administrativos una vez transcurridos cinco años desde la finalización de la pena, siempre que la persona no vuelva a delinquir. Sin embargo, la Policía mantiene acceso al historial delictivo a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
La defensa de Marset reclamó que se completara el trámite y advirtió que recurriría a la Justicia. El caso puso el foco en los criterios aplicados para expedir estos documentos y en la diferencia entre los antecedentes que aparecen en los certificados y la información que permanece en los registros policiales.
Con la nueva circular, el Ministerio establece que, cuando se presenten las excepciones previstas, deberán informarse todas las causas judiciales del solicitante.