Intendencia de Salto cuestiona “maniobra” de Lima y apuntan a cese de funcionarios en 2015

La Intendencia de Salto sigue envuelta en la polémica que generó el cese de 292 trabajadores de la comuna, hecho que es reclamado por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms). El intendente blanco Carlos Albisu apuntó a las gestiones del frenteamplista Andrés Lima y manifestó que los trabajadores estaban contratados mediante “convenios irregulares”.

De hecho, desde la dirigencia salteña se apunta a un precedente que ocurrió en 2015, al poco tiempo de que Lima asumiera en su primer período como jefe comunal. Por entonces, la intendencia criticó que en la gestión del colorado Germán Coutinho (2010-2015) se contrataron 471 funcionarios por designación directa y, tras un estudio sobre sus vínculos laborales, Lima anunció el cese de cerca de 250 de ellos.

El frenteamplista argumentó que era “inviable” su mantenimiento, debido a que “el 86% del presupuesto de la Intendencia de Salto tiene como destino el rubro cero, que es el pago de salarios”. “En ese esquema es inviable el funcionamiento de la intendencia, con ese porcentaje tan alto destinado a salarios”, sostuvo.

Así, la actual dirigencia cuestiona que Lima, antes de ceder el cargo en 2025, creó un convenio colectivo “irregular” para perpetuar a los funcionarios que Albisu finalmente cesó. El intendente blanco indicó que, tras el cese, habrá “una evaluación que ya viene haciendo cada una de las direcciones para que, después, algunos de esos 292 sean retomados”.

En diálogo con Montevideo Portal, el secretario general de Salto, Walter Texeira, aseguró que, si bien en la administración de Lima “le buscaron dar una vuelta legal distinta, se pasaron por arriba varias normas del derecho administrativo y constitucional”.

“Llegado el caso, en el departamento de Salto tendríamos una pirámide de Kelsen con las normas jurídicas distintas a las que rigen en el resto del país. Habrían llamado convenios colectivos que estarían por encima de los decretos departamentales y de las leyes nacionales, cosa que es absolutamente absurda. En medio del período electoral, llevaron a cabo todo un proceso de pretender dejar estables 292 ingresados en la administración Lima”, dijo.

“Contraviene las condiciones que son para ingresar de forma estable en la administración, que es el ingreso por concurso o sorteo. Lo que se pretendió acá fue una maniobra para dejar un montón de gente ingresada por Lima, muchos de ellos por motivos políticos; la mayoría, con la connivencia estratégica de Adeoms”, agregó el secretario general.

Asimismo, se señala al sindicalista Juan Carlos Gómez, presidente de Adeoms, por su actitud con respecto a las medidas tomadas por Lima y Albisu con una década de diferencia. En la línea de la “connivencia estratégica” manifestada por Texeira, otro precedente al que apuntan es las declaraciones de Gómez cuando Lima anunció el cese de funcionarios en 2015.

“La resolución lo que hace es notificar a los trabajadores de que las vías por las cuales fueron contratados no se ajustan a la norma y que, por lo tanto que el intendente tiene la potestad de poder cesarlos”, dijo en un programa local por entonces.

Sin embargo, Gómez manifestó, luego del cese dispuesto por Albisu, que este se da por la “condición de punteros políticos” de los funcionarios.

“Como que ser militante político en una sociedad de derecho sea un pecado. Y que ser militante político no te hace merecedor de defender tus derechos como trabajador, como el derecho al trabajo, que es un derecho universal”, consideró, y denunció “persecución política”.

Texeira también criticó las declaraciones de Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social, acerca de su reunión, junto al presidente Yamandú Orsi, con Adeoms el martes pasado por el cese de los 292 funcionarios. Según el jerarca, la decisión es “preocupante” y “desconoce un convenio colectivo firmado”.

“Se ha ido por parte del ministerio a Salto porque se negaron a venir a negociar al Ministerio de Trabajo. Fueron los funcionarios y las funcionarias de Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo], al departamento de Salto, participaron miembros de la dirección, se ha hecho llegar escritos, hemos convocado ámbitos, pedimos el previo aviso. Se desconoció el principio de buena fe por sobre todas las cosas, en el ámbito de la negociación colectiva que para nosotros es muy importante”, declaró Castillo.

De acuerdo con el secretario general de Salto, “seguramente está muy mal informado el ministro, refiriéndose a que la Intendencia de Salto, a través de sus representantes, no había concurrido a las reuniones tripartitas que se habían citado, lo que es totalmente falso”.

“Tuvimos por lo menos dos reuniones en Montevideo y una en la que vino el ministerio aquí a Salto. Tres o cuatro reuniones más con Adeoms de forma bipartita. Es totalmente falso decir que la intendencia actuó de mala fe y que no se quiso reunir con el ministerio ni los trabajadores”, sentenció Texeira.