La causa de Conexión Ganadera, la estafa más grande del país en los últimos 20 años, ha dado diversos giros desde que el año pasado los directivos del “fondo ganadero” anunciaron que no podrían hacer frente a sus obligaciones.
El caso estuvo marcado, desde el comienzo, por actos teñidos de mucha ilegalidad cometidos por las familias socias. Sobre finales de noviembre de 2024, uno de sus fundadores, Gustavo Basso, se quitó la vida al estrellar su auto contra una máquina vial apostada en la ruta 5.
Su socio, Pablo Carrasco, realizó una videoconferencia abierta para todos los inversores y explicó —a través de las palabras del contador Ricardo Giovio— lo que creía que había pasado.
La empresa entró a concurso de acreedores, así como también la herencia de Basso. Luego, la Justicia en lo penal dispuso medidas preventivas para la viuda del empresario, Daniela Cabral, tras ser imputada por estafa.
De esta manera, la mujer fue enviada a prisión domiciliaria. En tanto, Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, enfrentan una investigación formalizada por estafa y lavado de activos, por lo que ambos están en prisión preventiva mientras la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, sigue adelante con las indagatorias.
Pero, en los últimos meses, la polémica en torno al caso creció aún más cuando comenzaron a filtrarse mails enviados entre los socios de la empresa. Principalmente, en los textos aparecen Cabral, Iewdiukow y Carrasco.
Los textos son varios, pero se puede deducir que hay por lo menos algunas confesiones. Por ejemplo, en un correo de 2015, Cabral reconoce que necesitaban inversores porque tenían muchas “cancelaciones”, lo que provocaba que tuvieran que liquidar contratos, generando un desfase entre ingresos y egresos.
En la medida en que salieron estos mails a la luz, el yerno de Basso, Alfredo Rava, emitió un comunicado en el que advirtió que estos mensajes podrían no ser reales, dado que en 2025 la familia había hecho una denuncia producto de que la cuenta de Gmail de Basso había sido hackeada.
El 6 de agosto del año pasado, el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Concursal declaró el concurso necesario para la herencia de Basso. Al igual que con los activos y pasivos de Conexión Ganadera, el síndico designado para el capital que dejó el empresario fue Alfredo Ciavattone.
El 10 de octubre, Ciavattone decidió dar de baja la línea de teléfono que tenía Basso, que correspondía a un número de Antel. El 14 de noviembre un funcionario de la empresa de telecomunicaciones adjudicó el número de celular a una nueva persona.
Tres días después, el 17 de noviembre, el nuevo cliente cambió la contraseña del mail personal del empresario, que es gbasso1958@gmail.com. Según la información policial, a la que tuvo acceso Montevideo Portal, la cuenta de Gmail tenía asignado un procedimiento de recuperación que implicaba que se enviara un mensaje de texto al número de teléfono vinculado.
Días después de lograr el hackeo del mail de Basso, la persona creó un usuario al que llamó “argenhack”. Desde allí, envió un correo al titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, con el asunto: “Fiscal CG”.
En el cuerpo del texto se puede leer que le pedía a Rodríguez US$ 400.000 en bitcoins y le daba un plazo de 13 horas para hacer el depósito. La contracara era que, de lo contrario, comenzaría a divulgar los mails en los que apareciera la palabra Pasfer.
Un día antes, a Cabral le llegó desde el mail de Gustavo Basso una animación —del tipo de archivo GIF— con una sirena.
El expediente de Interpol no tiene fiscalía asignada, por lo que los avances a nivel judicial son escasos, por no decir nulos. Por ejemplo, no hay sospechosos señalados, no se rastrearon las IP desde donde salieron los mails, así como tampoco Antel respondió sobre el nombre de la persona que recibió el número de Basso luego de que el empresario muriera.
El 27 de noviembre, Rodríguez contactó a la familia Basso para decirles que había recibido otro correo que decía: “Esta noche, sobre las 22:00, se van a filtrar en X documentos y mails que la prensa de investigación podrá usar”.
Asimismo, le reprochaban al empresario que no había abonado la suma que le pidieron semanas antes: “Ya que no pagaste, vamos a hacerlo de esa manera, así la información es pública y se puede utilizar para ver los verdaderos negocios que hacían con Basso. Última oportunidad: US$ 75k antes de las 21:30”.
El fiscal Rodríguez recibió esta información y les sugirió a la defensa de la familia —a cargo de Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón— que hicieran una denuncia ante Delitos Informáticos.
El pasado 2 de diciembre, los Basso-Cabral realizaron el reclamo formal y entregaron a las autoridades diversos materiales. Ese mismo día, recibieron una notificación de que la persona detrás de la extorsión había cambiado el método de seguridad, sustituyendo la opción de validación del número de teléfono por otro método.
Como la investigación no tiene Fiscalía asignada, dado que para Lavado de Activos esta no es su materia, el 18 de diciembre se hizo en Antel un pedido de acceso a la información pública como para tener más datos y poder aportarlos a la Policía.
Allí se formuló, además del pedido de quién tenía el número del empresario fallecido, lo siguiente: el procedimiento interno por el que se da de baja un servicio de telefonía celular o se devuelve un servicio previamente contratado; cuál fue el protocolo o guía de actuación que debían cumplir los funcionarios de Antel para la reasignación de un número telefónico previamente utilizado por otro usuario; si durante dicho procedimiento intervinieron empleados de Antel, quiénes serían y sus respectivos cargos y, finalmente, en qué sucursal del ente se realizó la reasignación del teléfono de Basso y que se remita copia íntegra del registro audiovisual que documente el trámite.
Antel respondió y, amparándose en la ley, pidió una prórroga de 20 días hábiles para dar una respuesta. Mientras tanto, los mails ya estaban en la palestra pública y se habían filtrado —tal y como le dijeron a Maximiliano Rodríguez— por la red social X y diversos medios de comunicación.
Fuentes fiscales indicaron que les llama la atención algunos aspectos de cómo se divulgaron los mails. Al mismo tiempo aclararon que ningún correo se encuentra en la carpeta fiscal de Enrique Rodríguez, así como tampoco existe una orden judicial para obtener la información que surge de ellos, que es la única forma legal de poder acceder a la información de los mails de cualquier persona, según el Código de Proceso Penal.
Si bien es cierto que la Policía no ha avanzado, porque lo que está en el expediente surge de lo que la propia familia aportó al momento de hacer la denuncia, tampoco resultaría efectivo si el Ministerio Público no toma cartas en el asunto.
En lo legal
En materia legal, Uruguay legisló en ciberseguridad y se estableció que: “El que mediante medios informáticos o telemáticos, sin autorización y sin justa causa acceda, interfiera, difunda, venda o ceda información ajena contenida en soporte digital, será castigado con seis meses a veinticuatro meses de prisión”.
La ley también responsabiliza al que utilice, modifique o se apodere de “datos confidenciales de terceros, registrados en soportes digitales, o cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”. En este caso, la pena dispuesta va de seis a 24 meses de prisión.
La legislación apunta a que quien revele el material o ceda a terceras personas los datos puede llegar a ser castigado con cuatro años de cárcel. El agravante de la pena, en este caso, es cometer una finalidad lucrativa.
El Código de Proceso Penal, por su parte, en el artículo 345 castiga el ilícito de extorsión al decir: “El que, con violencias o amenazas, obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo contra su propio derecho, para procurarse a sí mismo o para procurar a otro un provecho injusto, en daño del agredido o de un tercero, será castigado con cuatro a diez años de penitenciaría”.