La resolución afirma que Israel debe cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y derribar el muro de separación construido en territorios palestinos ocupados.
De los 191 Estados que integran la Asamblea General, 150 se manifestaron a favor de la resolución, incluidos los 25 de la Unión Europea, seis votaron en contra y diez se abstuvieron.
Los votos en contra fueron los de Israel, Estados Unidos, su principal aliado, Australia y varios Estados pequeños: Islas Marshall, Palau y Micronesia. Canadá, Camerún, El Salvador, Nauru, Papua Nueva Guinea, Islas Salomon, Tonga, Uganda, Uruguay y Vanuatu se abstuvieron.
La mayoría abrumadora con la que fue aprobada permitía dar mayor credibilidad a un texto que ha necesitado de intensas negociaciones entre el grupo de países árabes, que presentó inicialmente la propuesta, y la Unión Europea.
El representante palestino ante la ONU, Naser Al Kidwa, afirmó que éste es el texto más importante adoptado por la Organización desde 1947, cuando aprobó la resolución 181.
Esa resolución propuso el "Plan de Partición de Palestina" a fin de que las comunidades árabe y judía establecieran sus respectivos estados nacionales y dejasen Jerusalén como un "corpus separatum" bajo gobierno del organismo internacional.
Al conocerse el resultado de la votación, Al Kidwa manifestó su confianza en que todos los Estados miembros cumplan con las obligaciones que emanan del texto, pero las resoluciones de la Asamblea no tienen el poder vinculante de que gozan las del Consejo de Seguridad.
Incluso éstas han tenido poco efecto práctico sobre Israel, que considera que tampoco es vinculante la opinión de la CIJ de La Haya, la máxima instancia judicial de la ONU. La CIJ dictaminó que el muro construido en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que Israel debe pagar compensaciones a quienes hayan sufrido daños como consecuencia de su construcción.
Israel cree que la resolución es "contraproducente" y ha advertido de que continuará la construcción siguiendo el trazado fijado por el Tribunal Supremo israelí, según ha manifestado su embajador ante la ONU, Dan Gillerman.
Israel sostiene que el muro, que llama "de seguridad", es sólo temporal y que es necesario para impedir que terroristas palestinos entren en su territorio. Los palestinos, sin embargo, denuncian que su construcción se ha hecho a costa de confiscar tierras, destruir viviendas y negocios, y dividir cultivos palestinos, y temen que determine las negociaciones sobre los límites del estado que espera establecer en Gaza y Cisjordania.
(Agencias)