El intendente de Cerro Largo, Christian Morel (Partido Nacional), presentó anoche en conferencia de prensa los resultados de la auditoría externa que encargó para analizar la gestión de la anterior administración, dirigida por su correligionario José Yurramendi
En la presentación, se señaló que la auditoría en cuestión detectó una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contables que podrían derivar en actuaciones judiciales.
Según explicó el intendente Morel, el análisis de precios reveló además que, en algunos casos, la comuna habría pagado hasta un 20% por encima de los valores de mercado.
A esto se suma la detección de más de diez empresas proveedoras cuyas facturas presentaban numeración correlativa casi exclusivamente vinculada a operaciones con la Intendencia, lo que generó sospechas sobre la posible existencia de firmas creadas únicamente para vender productos al gobierno departamental de forma discrecional.
Sin saldo
En materia de fondos extrapresupuestales, el director de Hacienda afirmó que la actual administración encontró cuentas corrientes con saldos insuficientes, pese a que existían recursos asignados a obras específicas. Según indicó, no pudo comprobarse si algunas de esas obras fueron efectivamente ejecutadas.
También se detectaron diferencias entre fondos pendientes de rendición y los montos disponibles en cuentas destinadas a convenios, subsidios de transporte y programas sociales, entre ellos Tu Sueño, Tu Hogar.
El papel no aparece
Precisamente, este último programa concentra otra de las situaciones consideradas más delicadas por las autoridades. Un proveedor de materiales de construcción de Melo reclama el pago de unos 8 millones de pesos por mercadería entregada a la Intendencia. Sin embargo, según explicó Alejandro Duarte, no existe orden de compra, autorización del ordenador de gastos ni firma del intendente departamental.
Además, la auditoría no encontró documentación que permita establecer en qué obras fueron utilizados esos materiales ni un informe final de ejecución. El expediente únicamente contiene la firma del entonces responsable del área social.
Las actuales autoridades señalaron que todas las observaciones detectadas son consideradas de “extrema gravedad” y adelantaron que el caso será sometido ahora a un análisis jurídico y administrativo más exhaustivo, sin descartar futuras denuncias penales.