Grupo vinculado a Marset fue trasladado a penales de alta seguridad tras ataque a policías

La Justicia boliviana resolvió trasladar de forma urgente a cárceles de máxima seguridad a un grupo de 15 personas —entre colombianos, ecuatorianos y bolivianos— vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, luego de un violento episodio en el que dos policías fueron reducidos y maniatados.

El hecho ocurrió en una vivienda incautada a la organización criminal en la zona del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, donde efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron atacados. A raíz de este episodio, las autoridades penitenciarias solicitaron un cambio inmediato en las condiciones de reclusión de los detenidos.

El grupo había sido capturado días atrás durante operativos en la zona norte, cerca de Portachuelo y Montero, en posesión de armas de guerra. La Fiscalía imputó a los 15 acusados por delitos como tráfico ilícito de armas de fuego, porte ilegal, organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado en grado de tentativa.

Según consignó el medio boliviano El Deber, inicialmente la jueza Ximena Flores había dispuesto su reclusión en distintas cárceles del país, incluyendo El Abra (Cochabamba), San Pedro (Oruro y La Paz), Cantumarca (Potosí) y Palmasola (Santa Cruz). Sin embargo, tras el ataque a los policías, la magistrada modificó la resolución.

De esta forma, seis de los detenidos fueron enviados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, mientras que otros siete fueron trasladados a la cárcel de Cantumarca, en Potosí. En tanto, dos de ellos fueron derivados a Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.

La decisión incluyó dejar sin efecto los traslados a cárceles de Oruro y Cochabamba, consideradas inseguras para albergar a los acusados, debido a la falta de garantías ante el nivel de riesgo que representan.

Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Felcn, dentro del grupo había militares bolivianos en retiro que cumplían un rol clave en la organización. De acuerdo a los informes, eran quienes definían las estrategias operativas para custodiar bienes y brindar seguridad personal a Marset en Santa Cruz.

Por su parte, los ciudadanos colombianos y ecuatorianos declararon que fueron contratados para tareas de seguridad, con pagos que oscilaban entre US$ 2.000 y 3.000 mensuales.