El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que el gobierno tomó conocimiento de las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con respecto a lo ocurrido en Plaza Seregni en pasado domingo.
La CIDH tomó "nota con preocupación de la información recibida sobre distintos operativos policiales llevados a cabo el fin de semana con el fin de disolver reuniones sociales y culturales", señaló en sus redes sociales.
Además, hizo énfasis en lo sucedido en Plaza Seregni, donde "según información de sociedad civil, la policía no habría priorizado el diálogo previo a su intervención".
La CIDH llama a Uruguay "a adoptar un enfoque de derechos humanos en las medidas de contención de la pandemia, garantizando el derecho de reunión pacífica, sin armas, la libertad de expresión y el diálogo, en observancia de los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza pública".
Por su parte, Cancillería señala que "en todo momento el gobierno ha utilizado como concepto central para manejo de la pandemia el de libertad responsable, apelando a la conciencia social de la ciudadanía para mitigar los riesgos derivados de la propagación del virus del COVID-19".
En ese sentido, la cartera señala que la Policía de Montevideo "se guió en todo momento por dicho principio, instando a las personas presentes en dicho espacio público, por medio del diálogo y la comunicación previas, a adoptar las medidas de precaución correspondientes y a disolver la aglomeración por los peligros que conlleva dicho tipo de conducta para la propagación del virus".
"Ninguna de las personas presentes en las actividades en la Plaza Líber Seregni resultó herida, al tiempo que tres agentes de la Policía Nacional recibieron lesiones que los llevaron a ser atendidos en instituciones médicas", añade el texto.
El gobierno "lamenta la precipitación y falta de imparcialidad de la CIDH al momento de pretender catalogar como presuntos abusos la actitud profesional de la policía uruguaya que resultó en la disolución de la riesgosa situación sanitaria para la población al tiempo que no generó lesión alguna en los ciudadanos involucrados en dicha instancia".
En ese sentido, el gobierno "invita a la CIDH a seguir los procedimientos establecidos de comunicación previa con plazos razonables al Estado concernido, con anterioridad a emitir comunicaciones de esta naturaleza que prejuzgan equivocadamente respecto al preceptivo accionar de la institucionalidad de los Estados".
Además, considera "lamentable constatar que un órgano autónomo del Sistema Interamericano dedicado a velar por los derechos humanos pretenda hacer uso de su misión institucional para llevar adelante acciones incompatibles con la misión que los Estados integrantes de la OEA le han encomendado".
"Debido a múltiples situaciones indudablemente críticas, todo lo relativo a los derechos humanos, su promoción y defensa es de suma trascendencia en el mundo actual y debe llevarse a cabo en forma continua, sólida y basada en información objetiva e incontrastablemente constatada; todo aquello que no se observa en el presente pronunciamiento de la Comisión", concluye el texto.
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