Marianella Rosas trabaja como educadora en Cardoner, un centro de hombres en situación de vulnerabilidad, que tiene convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Allí, tres funcionarios por día, uno por turno, se encargan de cuidar a unas 20 personas.

Ella reclamó que el pasado 18 de julio se les venció el contrato y, hasta ahora, no ha sido renovado. “Desde esa fecha a hoy no bajaron partidas. Estamos sin cobrar y multas en el Banco de Previsión Social. Nos obligan a mantener abierto el hogar. Es decir, trabajar gratis, sin derechos a denuncias por no existir firma de contrato”, denunció.

Según narró, el ministerio sostuvo que en los primeros días de setiembre “se pagaba todo”, pero el mes arrancó y desde la cartera “dijeron que no iba a ser posible, que capaz que para fin de mes”. Cuando terminaba setiembre, lo adelantaron para principios de octubre, para luego “directamente decir que no podían pagar”, aseveró.

“Cardoner es un centro de capacitación y formación, un centro educativo-laboral. Entonces, lo que se intenta es que gente que salió de la cárcel y queda en situación de calle y quiera salir adelante se les ofrecen cursos de panadería, gastronomía, se los acompaña para que sigan los estudios. […] Es como que no les interesa […] pero yo sigo apostando a que quiero hacer cosas por la gente, me preocupa, los acompaño... Te bancás todo”, dijo la funcionaria a Montevideo Portal.

Esta realidad la viven otros cientos de trabajadores tercerizados de la Secretaría de Estado. El pasado lunes 13 de octubre el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizó un paro frente al Mides y lograron pactar una reunión con las autoridades, que se concretó días después, el pasado viernes 18.

En este encuentro la directora general de Secretaría del ministerio, Ximena Muñíz, “se comprometió” a trabajar en los atrasos de pagos, dijo a Montevideo Portal el secretario de Tercerizados del gremio, Diego Andrada. “Nosotros tenemos un par de organizaciones de la sociedad civil [OSC] que son las que tienen el mayor atraso, son compañeros que no tienen ni para comer ni para ir a los refugios. Se comprometieron para la semana que viene tener alguna novedad en la bajada de partidas y el pago salarial”, afirmó.

Según aclaró, la cantidad exacta de funcionarios afectados “es muy dinámica” debido a la tercerización, ya que “se van atrasando a destiempo”. De todas formas, remarcó que hay “seguro entre 100 y 150 trabajadores que pasaron por algún atraso”. “El atraso más grande que tenemos es de una org que hace dos meses casi tres no paga, y eso es gravísimo”, disparó.

En esta línea, Muñíz confirmó a Montevideo Portal que “hay unos atrasos de pagos” que se deben a varios factores. “Algunos fueron presupuestales, otros que fueron procedimientos, otras que van más apuntando a algunas organizaciones que hay algunas complicaciones”, explicó y añadió: “Estamos todos tratando de resolverlo y yendo para el mismo camino”.

Al respecto, la jerarca del Mides aseguró que ya están resolviendo algunas de estas problemáticas, ya que desde la semana pasada —antes del paro de Sutiga, gracias a que el sindicato mandaba corresos “solicitando ver la situación de algunas organizaciones que no estaban pagando”— se empezó a hacer un seguimiento “día a día de cada expediente, de cada organización, llamando a cada una a ver qué inconveniente tenían para tratar de ayudarlas o intimarlas a cumplir”. De esta manera, Muñíz destacó que cuando el sindicato fue a la reunión de viernes “ya había muchas” de estas organizaciones por las que se reclamaban que finalmente pagaron, mientras que hay otras que se trabaja para “tratar de dar una respuesta lo antes posible”.

Así, el Poder Ejecutivo y el sindicato pactaron una nueva reunión para el próximo viernes a modo de “continuación” de la de ayer. “Realmente nos preocupa y nos ocupa el tema del pago de los salarios”, ratificó la funcionaria.

De todas formas, Andrada recalcó que esta situación “afecta a la población” que atienden, y puntualizó que “no tendrían que tener estos problemas” ya que “se podría gestionar mejor”.

De largo aliento

En tal sentido, el sindicalista hizo hincapié en que se debe apuntalar el “problema histórico” que es la tercerización en sí. A su entender, este modelo de gestión “ya está caduco, es una estafa para el contribuyente”.

Andrada ahondó en que la organización que recibe el dinero del Mides puede “manejar mal la plata”, lo que obliga al gobierno a congelar los fondos, o también puede ocurrir que el Ejecutivo se atrase en el pago con aquellas organizaciones que gestionen mal, comentó. Esto “afecta directamente a los trabajadores” insistió y expresó que “históricamente” han quedado “en el medio”.

Según planteó el dirigente de Sutiga, el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou “puso organizaciones afines a ellos con ninguna experiencia y sacó [otras] que tenían más de 10 años”. En su momento el sindicato denunció que estas OSC “iban a tener problemas” porque “nunca habían gestionado una política pública”; “da la casualidad, que no es tan casualidad, que algunas son las que están teniendo los mayores atrasos ahora”, mencionó.

De tal forma, Andrada indicó que las actuales autoridades de gobierno también se comprometieron “a buscar una especie de herramienta” para enfrentar esto, pero “todavía no hay nada concreto”.

Consultada al respecto, la directora general de Secretaría del Mides replicó que es algo en lo que “se está discutiendo dentro de los lineamientos” del ministerio. “Este mecanismo es algo que históricamente se usa”, argumentó y añadió que el ministro Gonzalo Civila también ha dicho que “la idea también es trabajar con organizaciones, con trabajadores organizados [o] cooperativas”.

“También hay que ver ahí cómo viene esa discusión y qué se va a tomar”, sintetizó Muñíz.