Frente Amplio denunció penalmente el acuerdo “infirmable” del gobierno con Katoen Natie

La Bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) presentó finalmente la denuncia penal por la “entrega del Puerto de Montevideo” por parte del gobierno con la empresa Katoen Natie. En el acuerdo se resolvió extender la concesión de la Terminal Cuenca del Plata hasta 2081 a esta empresa.

A la salida, el senador de la República Charles Carrera brindó una rueda de prensa en la que aseguró que este miércoles se “termina un proceso de investigación y trabajo” a nivel del FA. En ese sentido, indicó que la “tesis” de su fuerza política es que en este acuerdo se configuraron “una serie de delitos muy graves”, en perjuicio del país y de la administración pública.

“Delitos y formas de actuar que son ilegitimas, abusos a las formas jurídicas, incumplimiento de la Constitución y de la ley de puertos, que trae una serie de perjuicios, perjuicios que hoy estamos viviendo”, señaló Carrera.

“El país hoy hay un paro en el puerto desde hace varias horas que culminará mañana que va en perjuicio de 700 familias que van a perder su ingreso. Fuera otros perjuicios que se van a construir porque el país inicia a partir de este acuerdo un derrotero en materia política portuario. Lo que consideramos es que acá hay varias figuras penales, un perjuicio económico enorme para el país. Acá se benefició a una empresa privada en más de mil millones de dólares, se asumieron compromisos para la sociedad uruguaya, hay usurpación de funciones por parte de la presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el entonces ministro Luis Alberto Heber. Se apropiaron del cargo y tomaron decisiones sin pasar por el directorio”, agregó.

En ese sentido, comunicó que la denuncia fue firmada por los trece senadores del FA y que lo que se hizo es “dar cuenta a la justicia para que actúe y laude” el tema. Informó, además, que en la denuncia hay cuatro personas que tendrían responsabilidades: el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés; el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo; y el subsecretario de Transporte y Obras Pública, José Olaizola.

“Es un acuerdo que es infirmable para cualquier persona del derecho persona. No se puede disponer así de los patrimonios. Gestionando los recursos públicos, es inadmisible para el país”, añadió el legislador frenteamplista.

Finalmente, el integrante de la Cámara Alta dijo que la denuncia fue recibida por un integrante de la Fiscalía y que ahora se iniciará trámite, por lo que tendrá un número de expediente y se designará un fiscal a investigar. Consideró también que esta denuncia caerá en delitos económicos.

“Nosotros no estamos policializando la política. Lo que estamos haciendo es dar cuenta de una situación de un proceso de trabajo que termina con esta denuncia porque es un hecho muy grave y perjuicioso del país”, concluyó.