La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo del fiscal Luis Pacheco, solicitó que se archive la causa iniciada a raíz de una denuncia presentada por la DGI contra cuatro hombres y tres mujeres por defraudación tributaria en una venta de padrones en Maldonado.

La denuncia había sido presentada en setiembre de 2014 contra las siete personas, entre las que estaba el edil por el Partido Nacional y excandidato a intendente Rodrigo Blas.

La denuncia señala que se habrían constatado irregularidades en la venta de padrones correspondientes a un padrón ubicado en Maldonado, que básicamente consistían en discrepancias entre el precio real consignado en los boletos de reserva y acordado entre las partes y el precio supuestamente consignado en las respectivas escrituras de compraventa, lo que generaba una diferencia en el monto de los impuestos en perjuicio de la DGI.

A juicio de la Fiscalía, se reunieron elementos de convicción suficientes para entender acreditada la veracidad de la denuncia presentada y la comisión de hechos con apariencia delictiva.

En este sentido, de las declaraciones de los compradores surge que efectivamente pagaron más que lo que estaba fijado en las escrituras de compraventa. Algunos compradores advirtieron la diferencia e iniciaron tratativas extrajudiciales, por lo que los vendedores condonaron -o perdonaron- el saldo restante.

El parte fiscal señala que "los hechos encuadrarían de esta forma -en principio- en la figura delictiva de la defraudación tributaria", por lo que cabe atribuir responsabilidades a tres personas, entre ellos a Blas (titular de la inmobiliaria intermediaria en la venta de los padrones).

"No obstante lo señalado, la Fiscalía no formulará requisitoria", señala el fiscal en el escrito.

"Teniendo en cuenta que las presentes actuaciones se encuentran en etapa presumarial desde hace más de un año; que los tres mencionados indagados son primarios absolutos; que se ha acreditado la reparación parcial del daño mediante el pago del total de los tributos adeudados, así como la real posibilidad de cobro de las multas y recargos pendientes a través de las acciones civiles en curso contra la empresa, la Fiscalía entiende que eventualmente solicitaría un procesamiento sin prisión preventiva, por lo que concurren todos los requisitos exigidos en la mencionada Instrucción General para no proseguir con la tramitación de las actuaciones", explica.