Fiscalía archivó denuncia de legisladores de la coalición contra Fenapes: las reacciones

La Fiscalía General de la Nación resolvió archivar la causa penal que se había abierto a raíz de una denuncia presentada en 2022 por legisladores de los partidos de la coalición contra la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) por presuntas irregularidades en el uso de licencias sindicales.

La denuncia, promovida por dirigentes encabezados por el diputado colorado Felipe Schipani, se origina en los resultados de una comisión investigadora de la Cámara de Representantes que apuntaba a posibles faltas irregulares de licencias sindicales entre 2015 y 2020. Según los denunciantes, los supuestos certificados se habrían utilizado para justificar ausencias de docentes que en realidad ejercían actividades gremiales.

La Fiscalía de Flagrancia de 15° Turno, a cargo de la fiscal Silvia Buzó, concluyó que de la evidencia reunida en la carpeta fiscal no surgían “elementos objetivos” que permitieran atribuir a los dirigentes de Fenapes conductas que encuadren en delitos tipificados en el Código Penal. La magistrada subrayó que no se identificaron hechos que tengan relevancia jurídico-penal conforme a las normas vigentes.

Según la resolución, entre los años señalados no se demostró la existencia de “conductas reprochables” desde el punto de vista penal, lo que motivó el archivo definitivo de la causa. La decisión fue tomada tras una evaluación exhaustiva de las pruebas recopiladas durante el proceso.

Los dirigentes de Fenapes rechazaron de plano las acusaciones. El vicepresidente del sindicato, José Olivera, calificó la denuncia original como parte de una “política sistemática de persecución política antisindical”, e incluso habló de un intento por generar “terror” contra la organización. Su abogado, Marcelo Domínguez, definió como “ilegítima” la comisión que originó la denuncia y denunció un tratamiento mediático excesivo del caso.

Por su parte, Schipani anunció que solicitará el reexamen de la causa ante la Fiscalía, al considerar que la decisión de archivo “lesiona la confianza en el sistema de justicia” y que hubo falta de investigación efectiva desde que se presentó la denuncia hace tres años. 

Schipani destacó que durante todo este tiempo no se citó a declarar a los denunciantes ni a testigos, lo que, desde su perspectiva, compromete la calidad de la pesquisa.