El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, mantuvo este lunes distintas reuniones con organizaciones vinculadas a las víctimas del terrorismo de Estado para hablar sobre la reforma del Código del Proceso Penal, que generó polémica por una posible habilitación de la libertad anticipada para personas privadas de libertad por delitos de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar.
El proyecto de ley, que fue redactado por un grupo asesor técnico, plantea que todas las personas condenadas puedan tramitar ante la Justicia su libertad a las tres cuartas partes del período de reclusión. El actual CPP excluye de ese beneficio a los presos por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, delitos sexuales, rapiña, homicidio agravado, secuestro y extorsión.
La polémica generada a raíz de esta modificación llevó a que el oficialismo acordara no votar esa modificación en el Parlamento para los condenados por crímenes de la dictadura. Díaz comunicó este cambio en reuniones mantenidas en Torre Ejecutiva con representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Crysol.
“Nos manifestaron que no era la intención de ellos en la redacción del nuevo Código del Proceso Penal que los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad tuvieran el beneficio de pedir la libertad anticipada”, declaró Ignacio Errandondea, referente de Familiares, en rueda de prensa.
No obstante, señaló que “la mayoría” de las personas que se encuentran presas en la cárcel de Domingo Arena “están condenadas por delitos comunes” y no por lesa humanidad. “Una de las formas que planteamos en el período pasado es que estuvieran excluidos de la prisión domiciliaria los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, agregó.
Sobre este tema, Díaz manifestó a integrantes de la bancada oficialista en el Parlamento la intención de que se corrija la redacción del artículo. Consultado por Montevideo Portal, el senador frenteamplista Eduardo Brenta señaló que el tema ya “está acordado” con el Poder Ejecutivo.
La reforma del CPP también causó polémica este lunes a raíz de declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, en Canal 5. La jerarca habló de que el beneficio de la libertad anticipada podría abarcar a cerca de 2.000 personas, pero, horas más tarde, en declaraciones a La Diaria, dijo que su explicación fue “confusa” y aclaró que en realidad los beneficiarios serían “menos de 400”.