El senador colorado Andrés Ojeda da por terminado el caso de la denuncia que recibió por presunta violación de la Constitución desde diciembre de 2025. En ese momento, recibió un informe favorable de Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, y, en las últimas horas, obtuvo una resolución similar: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recomendó archivar la denuncia.

Sin embargo, desde el Frente Amplio están lejos de considerar el tema como cerrado. Según consignó el semanario Búsqueda, el abogado constitucionalista Daniel Ochs, docente en la Universidad de Montevideo (UM), emitió un informe dirigido a Fernando Pereira en el que recomienda a la fuerza política continuar con el caso hasta el final.

El profesional señala que el artículo que habría violado Ojeda debe interpretarse de manera “literal” y que de no hacerlo de esa manera, por parte de la dirigencia política, se “habrá visto disminuida la confianza del público y dañada la institucionalidad democrática”. Además, dice que, en caso de dar por finalizado el caso, se estaría “exhibiendo” que no todos “estamos sometidos al orden constitucional”.

La posición de Ochs sobre el caso de Ojeda había sido adelantada a fines de noviembre, cuando el abogado dijo a El Observador que el colorado había violado la Constitución. “Los servicios descentralizados, gobiernos departamentales y la Administración Central están sometidos al control parlamentario. Lo que se quiere es que el órgano controlante no tenga participación en la actividad del controlado, porque el control puede llegar a fallar y puede haber vínculos peligrosos. Entonces se cortan los cables y se prohíbe actuar”, dijo en ese entonces.

Según informó Búsqueda este jueves, Ochs señala en su escrito que el informe de los servicios técnicos de la Cámara alta solicitado por Ojeda es “jurídicamente objetable” porque el senador “no tenía imparcialidad para impulsar, tramitar y menos aún clausurar” un asunto que lo tenía “como sujeto imputado” de violar la carta magna. Además, señala que el caso “excede notablemente” las competencias del órgano que realizó el informe.

“El Poder Legislativo ejerce una cantidad de controles sobre la administración pública; entonces, habilitar el ejercicio profesional de los legisladores ante esta es abrir la puerta a algo abiertamente indeseable. Uno: que el legislador ‘rebaje’ la intensidad de la fiscalización, procurando un ‘buen vínculo’ con el administrador que instruye y resuelve asuntos que él patrocina. Dos: que sea el administrador quien, en aras de ‘congraciarse’ con el legislador que le controla, ejerza su función de un modo torcido”, agrega.

Ochs argumenta que Ojeda cometió una falta “gravísima” y que no se puede “dosificar con benevolencia la pena”. “La interpretación no puede hacerse jamás contra el texto. La Constitución que siempre admite dos opiniones válidas termina siendo una nada”, dice una parte del informe que alude a juristas como Justino Jiménez de Aréchaga.

Por estos motivos, el constitucionalista recomienda, por una cuestión de “garantías”, que el Frente Amplio impulse un juicio político en el Parlamento. En caso de que la fuerza política así lo decida, los diputados deberán elevar por mayoría simple la acusación y los senadores aprobar con el voto de dos tercios del cuerpo, algo que parecería inviable.

A pesar del flamante dictamen que recomienda archivar la denuncia, el senador frenteamplista Nicolás Viera, quien es presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, descartó que se haya tomado una decisión en esa dirección, ya que el informe solo tiene “recomendaciones”.

Ante un posteo de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien compartió una noticia que afirmaba que la Cámara alta iba a dar por terminado el tema, Viera salió al cruce: “Mira tú, Graciela. Tienes la bola mágica; creí que se resolvía en la comisión pero al parecer sabe más el medio que yo. Las cosas que uno se viene a enterar...”.