Los integrantes del anterior directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitieron un comunicado este viernes en el que cuestionan con dureza a las actuales autoridades del organismo, quienes resolvieron denunciarlos penalmente por presuntas irregularidades durante su gestión.
La decisión del actual directorio fue adoptada por unanimidad y alcanza al expresidente Leonardo Cipriani y a los exdirectores Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, tras una investigación administrativa que detectó múltiples observaciones en la gestión entre 2022 y 2024.
En el caso de Cabrera, también se abrió un sumario administrativo por seguir siendo funcionario público. Las actuales autoridades del organismo también sumariaron al exgerente financiero Juan Behrend, al exdirector del SAME-105 José Antonio Rodríguez y a otros trabajadores, como la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera.
Según surge de esa investigación, consignada por El Observador, las irregularidades se concentran en tres áreas principales: la contratación de la empresa de traslados ITHG, los convenios con prestadores privados como Casmu y Círculo Católico para camas de CTI y cuidados moderados y la administración del Hospital de Treinta y Tres.
En particular, el informe señala que hubo compras sin procedimientos competitivos, fraccionamiento de gastos para evitar licitaciones, pagos observados por el Tribunal de Cuentas y un aumento significativo del gasto en convenios con privados.
Además, desde Jurídica de ASSE se advirtió que la “magnitud económica” de los montos involucrados y las conductas detectadas podrían exceder el ámbito administrativo y encuadrar en posibles delitos vinculados al manejo irregular de fondos públicos o abuso de funciones, lo que motivó la denuncia.
En ese contexto, los exdirectores difundieron un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, en el que aseguran que se enteraron de las resoluciones “por la prensa” y que desconocen sus fundamentos, ya que —según afirman— la información disponible es “informal, parcial e incompleta”.
También señalan que existió una filtración interna de información que debía ser confidencial y cuestionan la falta de intercambio con las actuales autoridades, pese a haber solicitado reuniones formales para transmitir información sobre su gestión.
Los firmantes remarcan su disposición a colaborar con la Justicia y sostienen que su actuación estuvo “siempre ajustada a derecho”, guiada por la normativa vigente, la buena fe y la ética en la función pública.
Asimismo, defienden los mecanismos de control aplicados durante su administración, afirmando que no se debilitaron, sino que, por el contrario, se reforzaron. Finalmente, concluyen que la situación responde a un “claro ataque político y personal, sin fundamento jurídico alguno”.