Es una “ironía” que Cabral esté presa en un apartamento “producto del lavado”, dijo Decia

Juan Pablo Decia, uno de los abogados de damnificados por el caso Conexión Ganadera, se refirió a la resolución de la Justicia que aprobó la fijación de domicilio de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, en un lujoso apartamento de Punta del Este para cumplir prisión domiciliaria preventiva por estafa.

El penalista lamentó que la situación se originó por no haberle “imputado un delito de lavado de activos” ni a ella ni a la esposa de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, pese a que en la carpeta investigativa había “elementos objetivos que obligaban al fiscal a que lo hiciera”.

“Si se hubiera imputado un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión o transferencia, como está probado en la carpeta, se hubiera dispuesto una prisión efectiva en un centro carcelario por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, comentó en diálogo con Montevideo Portal.

Decia recordó que el apartamento en el que se encuentra Cabral es uno de los bienes que está embargado por la Justicia por “haber sido adquirido, obviamente, con dinero ilícito” y que, pese a eso, “no hay ningún impedimento legal” para fijar domicilio allí.

“La ironía de todo esto es que hoy está disfrutando de un apartamento que es producto del lavado. El bien está embargado; hasta que no se remate, la tenencia y posesión va a seguir siendo de su titular, que en este caso son los sucesores de Basso”, agregó.

Para el penalista, “tanto Cabral como Iewdiukow tendrían que estar en prisión preventiva en la cárcel de mujeres” y aclaró que, en caso de que el fiscal decida ampliar la imputación y la Justicia apruebe su petición, la medida cautelar “puede cambiar”.

Por último, comparó el caso de las dos mujeres del caso Conexión Ganadera con el de Jairo Larrarte, responsable de Grupo Larrarte, quien fue imputado por apropiación indebida, estafa y libramiento de cheques sin fondo y fue conducido a la cárcel.

Decia consideró que, a pesar de que Larrarte no fue imputado por lavado de activos, se le dictó prisión preventiva “por el poder económico que tiene” y, en función de ese poder, por el “riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación”. “Claramente hay una falta de coherencia en el sistema, que preocupa y mucho”, finalizó.