En interpelación, Ortuño “ratificó” que cancelar proyecto Neptuno era “la mejor decisión”

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó en la interpelación de este martes que la cancelación del proyecto Neptuno fue “la mejor decisión” que tomó el gobierno con respecto a la iniciativa que pretendía construir una planta potabilizadora en Arazatí de suministro de agua para el área metropolitana.

“Creemos que hemos dado mucha información, como se reclamaba, pero sobre todo ratificamos y comprobamos con numerosos argumentos que la decisión adoptada por el gobierno es la mejor para el país, para la población, y lo hacemos con un ahorro significativo de recursos y dinero para el Estado”, manifestó el jerarca en conferencia de prensa tras más de nueve horas de comparecencia.

Ortuño compareció ante la Cámara de Diputados junto con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, en la jornada de este martes, para explicar por qué se dejó de lado la iniciativa propuesta por el anterior gobierno.

La cartera que dirige Ortuño propuso, en contraposición, la construcción de la represa de Casupá, que utilizará agua de la cuenca del río Santa Lucía y busca producir 900.000 metros cúbicos de agua potable.

Así, el ministro, durante la interpelación, subrayó que la iniciativa de esta administración “no solo asegura el abastecimiento de agua potable, [sino que] evita que se repitan situaciones de falta de agua potable —como las vividas durante la última crisis y sequía en 2023—, asegurando las reservas de agua”.

“Además, estaremos realizando un paquete de obras muy significativo, históricas para lo que es la inversión de agua potable en el país”, añadió a continuación.

De esta manera, el secretario de Estado aseguró que, con todos estos elementos, se está cumpliendo con un compromiso de gobierno “establecido con la ciudadanía”.

Esta es la segunda interpelación al gobierno de Yamandú Orsi, luego de la realizada al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la semana pasada; esta instancia fue suspendida luego de que el senador Sebastián Da Silva llamara “puto de mierda” al frenteamplista Nicolás Viera.

El pasado lunes, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados recibió a vecinos de la localidad de Casupá, en Florida, donde el gobierno planifica llevar adelante obras para un nuevo embalse que son cuestionadas por la oposición, en la previa de la interpelación de Ortuño.

Las aguas del proyecto Neptuno

El pasado 18 de julio las autoridades de gobierno anunciaron una alternativa al proyecto Neptuno, impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que prevé suministrar agua potable en el área metropolitana y garantizarla hacia el 2045.

El miércoles 30 de abril se dio la primera reunión entre las autoridades de gobierno y representantes de las empresas (Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast) luego de que se firmara la suspensión de los plazos establecidos para su puesta en marcha. Allí se generaron dos equipos de trabajo: uno que profundizaría en los aspectos técnicos del contrato y el otro en los jurídicos.

En este marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, remarcó que “de antemano se sabe” que a la actual administración no le “convence” el proyecto tal cual fue firmado por el gobierno anterior. “Pero como tenemos un marco contractual que te obliga como Estado; tenemos que ver cuáles son los espacios para cambiar ese proyecto hacia otra cosa”, remarcó el mandatario.

Tal como informáramos, el gobierno uruguayo, bajo la administración del entonces presidente Lacalle Pou, firmó el contrato el 23 de enero. El proceso había iniciado en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció “la realización de la obra para la construcción y la operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, señalaba el comunicado de Presidencia en enero.

“Lo que le planteamos al consorcio es que, teniendo esta visión crítica con el proyecto, lo que planteamos y acordamos con el consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que oportunamente firmó el gobierno anterior”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a mediados de abril.

Durante esos tres meses se establecería una “mesa de trabajo permanente” para poder renegociar el contrato, indicó el jerarca en ese momento.

De esta forma, Sánchez reafirmó que el gobierno mantenía una visión “crítica” respecto a la iniciativa. “Entendemos que no es un proyecto oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el de garantizar el abastecimiento del agua potable para el área metropolitana”, sostuvo.

Según manifestó, “arriba de la mesa están todos los escenarios colocados”. Esto puede incluir desde la continuación de la iniciativa “con cambios”, pero también que el proyecto “no continúe” y “que se realicen otras obras”.

“Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero aquí tiene un marco jurídico (que nos establece el contrato), uno técnico y uno económico para ver cómo colocamos los distintos escenarios que están arriba de la mesa”, ratificó en la oportunidad.