El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli fue llevado este sábado a la prisión de la ciudad italiana de Salerno después de que el Tribunal Supremo de ese país confirmara su cadena perpetua por participar en la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la represión en América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Agentes del cuerpo de carabineros (policía militarizada) fueron esta mañana a casa de Tróccoli, en el municipio de Battiplagia, donde vive, y lo trasladaron primero a la comisaría y luego a prisión, confirmó a Efe la abogada de sus víctimas, Alicia Mejía.
El condenado se ha sometido a una prueba de la covid-19 y espera el resultado antes de ser encarcelado, que podría ser en cualquier otro punto de Italia, pues se requiere una cárcel para presos de larga duración, y Salerno carece de ella.
El Tribunal Supremo italiano confirmó el pasado viernes la sentencia a cadena perpetua emitida en 2019 contra 24 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la muerte y desaparición de italianos en la Operación Cóndor en las décadas de 1970 y 1980.
En concreto, la sentencia de la Corte afecta solo a catorce de los imputados -once uruguayos y tres chilenos-, pues el resto de han muerto en los últimos años o se desconoce su situación.
Tróccoli, excapitán de navíos y que formó parte del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), era el único de los acusados que reside en Italia, adonde llegó en 2007 tras escapar de la Justicia de su país valiéndose de la doble nacionalidad italo-uruguaya.
El condenado, que el viernes no acudió a la audiencia por motivos médicos, fue absuelto en primera instancia en 2017 por el Tribunal de Roma, aunque el de Apelación lo condenó a la perpetua en 2019, un veredicto confirmado ahora por el Supremo en vía definitiva.
Al llegar a la penitenciaría de Salerno ha argumentado que tiene problemas de salud incompatibles con su arresto en la cárcel y tiene la intención de pedir la detención domiciliar, una decisión que correspondería al Tribunal de Ejecución Penal.
La abogada Mejía celebró esta sentencia en firme después de veinte años buscando justicia desde Italia. Tróccoli estaba imputado por la muerte y desaparición de unos cuarenta activistas de izquierdas uruguayos secuestrados en Argentina.
La letrada representa desde el juicio en primea instancia a cuatro víctimas, dos de ellas atribuidas a Tróccoli.
Son los uruguayos Guillermo Manuel Sobrino Berardi, de las Agrupaciones Militantes Socialistas y desaparecido en 1977 en Buenos Aires, y Aída Celia Sanz Fernández, de los Tupamaros y a la que se le perdió el rastro en San Antonio de Padua, Argentina.
Los otros dos casos que ha defendido son el de Daniel Banfi, también uruguayo de los Tupamaros secuestrado en Argentina en 1974 y después asesinado, y el del militante comunista chileno Jaime Donato.
La idea de procesar a los represores latinoamericanos en Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo empezó así a recabar los testimonios de parientes de italianos asesinados en aquellos convulsos años en Sudamérica y abrió una investigación que ha derivado en este enrevesado proceso en Roma iniciado en 2014.
En un primer momento, los imputados ascendían a 146, si bien la muerte de muchos de ellos, ya ancianos, y la negativa de Argentina de procesar a los de ese país, acabaron diezmando la lista.
Con información de EFE
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