El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este viernes que el Poder Ejecutivo rescindió definitivamente el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas tipo OPV que adquirió el Estado uruguayo por US$ 92 millones.

La decisión se tomó en las últimas horas bajo la interpretación de que la compañía no cumplió con los avances de la construcción de la primera barcaza, y el mandatario lo comunicó luego del Consejo de Ministros del día de la fecha. 

“Si tuviéramos que definir de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la seguridad nacional. Esta es una acción que apunta a la necesidad permanente de la transparencia”, aseguró.

Sobre los argumentos, Orsi dijo que ninguna de las dos garantías cumplen con lo establecido en el contrato firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou. 

“El contrato no camina si esto estaba claro. Llegado este momento decidimos iniciar acciones: rescindir el contrato de suministro por incumplimientos graves con la empresa e iniciar acciones por daños y perjuicios”, anunció. 

Pasaron casi cuatro meses desde la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que Orsi anunció que se iniciaría el proceso para cortar el acuerdo con la empresa viguesa. En ese momento, junto al secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, señaló que, además, se presentaría una denuncia penal y otra civil ante la Justicia.

El motivo de estas dos reclamaciones fue la presentación de una garantía de fiel cumplimiento emitida por un banco falso llamado Eurocommerce, cuya supuesta sede en la ciudad de Londres no existía, y que contaba con una firma falsificada de un notario español, Luis Calabuig de Leyva.

La actual administración, además de elevar al caso a la Justicia, señaló en reiteradas oportunidades ciertas “desprolijidades” cometidas por la anterior gestión del Ministerio de Defensa en cuanto a la elección de Cardama y los documentos referidos a la adquisición.

La línea de tiempo

En julio de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció la compra de los dos buques. En agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, pidió el pase a retiro tras haber realizado un informe a título personal en el que recomendaba comprar las OPV al astillero Gondán y no a Cardama.

15 de diciembre: el exministro Javier García y Cardama firmaron el contrato.

25 de enero de 2024: antes de cumplirse los 45 días, Cardama envió un correo al director general de la Secretaría de Defensa, Fabián Martínez, solicitando una prórroga de 30 días para constituir las garantías.

Un mes después, la empresa informó que no había podido gestionar la garantía a través del Banco de Seguros del Estado y que recurriría a una nueva empresa, Soms.us.

28 de febrero: Cardama pidió una segunda prórroga, en este caso de 10 días, para “finalizar el proceso administrativo de las mismas”.

Entre el 5 y 11 de marzo: Cardama envió borradores de garantías a Defensa: el primero con Soms.us, el segundo con Redbridge y el tercero con Euro Exim Bank. 

11 de marzo: la Secretaría de Estado pidió información al Banco Central del Uruguay sobre las dos últimas empresas. La respuesta fue que “no se pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo” y el ente sugirió “la necesidad de un asesoramiento jurídico y con corredor de seguros para determinar riesgos, procedimiento de reclamos y formas de pago”.

13 de marzo: el estudio jurídico Delpiazzo Abogados advirtió que Euro Exim Bank “no cumple con las condiciones de primer requerimiento exigidas por el contrato, y que su vigencia es de 42 meses a partir de la emisión y no desde la entrada en vigor”. Además, señaló observaciones sobre “jurisdicción, ley aplicable y fijación de idioma”.

14 de junio: Cardama informó que había solicitado un nuevo aval bancario a Euro Exim Bank. El 9 de julio comunicó que gestionaba otros avales, entre ellos uno con Abitab. El 3 de setiembre, la empresa comunicó la negativa de Abitab a otorgar la garantía y solicitó un aplazamiento de 72 horas.

6 de setiembre: Cardama presentó un borrador de la garantía de fiel cumplimiento emitido por Eurocommerce. Ese mismo día, Delpiazzo advirtió al director general de Recursos Financieros, Damián Galo, que el plazo para constituir la garantía había vencido y señaló que “el borrador de garantía presentado por Eurocommerce no cumple con la exigencia contractual: solo se concede por 365 días, cuando el contrato establece 42 meses desde la entrada en vigor”.

4 de octubre: la empresa remitió borradores de las garantías de Redbridge y Eurocommerce. Tres días después, Delpiazzo concluyó que la primera se ajustaba al contrato, pero que la segunda no cumplía las condiciones; tenía una vigencia de solo 365 días prorrogables.

14 de octubre: el exministro Armando Castaingdebat comunicó a Cardama que “habiéndose analizado por parte del estudio Delpiazzo los borradores de avales remitidos a través de correo electrónico, tengo el agrado de comunicarle que estamos en condiciones de continuar con el proceso de entrada en vigor del contrato, por lo que se solicita que remitan las garantías originales a este ministerio”.

21 de abril de 2025: ya bajo la actual administración, varios altos cargos y el excomandante de la Armada, Jorge Wilson, fueron sancionados por proporcionar información falsa o retrasar la entrega de datos sobre la compra de las embarcaciones a la ministra Sandra Lazo.

Una semana después, Lazo anunció que su Secretaría de Estado abriría una investigación administrativa por la compra de las patrullas oceánicas. El 22 de julio la Armada elaboró un informe en el que se hablaba de irregularidades en la construcción de los buques.

22 de octubre: el día de la conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva para anunciar el inicio del proceso de rescisión del contrato por parte de Orsi, Díaz y Sánchez, Cardama quiso renovar la “supuesta” garantía con la misma empresa falsa, Eurocommerce, minutos antes del anuncio.

3 de noviembre: el notario español Luis Calabuig de Leiva, que figura como labrador del acta de la garantía de Eurocommerce que presentó Cardama y avaló el gobierno uruguayo, presentó una denuncia ante la Policía de España por falsificación de firma. Dos días más tarde Eurocommerce fue disuelta por el registro mercantil del Reino Unido.

10 de diciembre: Javier García interpeló a la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la Cámara de Senadores. Seis días más tarde, los oficiales enviados a supervisar el proceso de construcción de Cardama pidieron ser recibidos por un tribunal militar porque García en la interpelación los acusó de haber realizado “espionaje”.

22 de diciembre: Lazo anunció que el Estado suspendió los pagos al astillero hasta que haya una resolución del caso. Dijo que el gobierno mantendría todo en stand by y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.

23 de diciembre: el gobierno amplió la denuncia contra Cardama tras recibir una pericia que el Ministerio de Defensa pidió al Ministerio del Interior vinculada “al documento específico de garantía, que dice que no hay firma digital, que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada, en el mismo sello”, según dijo Díaz.