El homenaje del Parlamento a Gutiérrez Ruiz y Michelini a 45 años de los asesinatos

El Parlamento uruguayo realizó un homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, asesinados el 20 de mayo junto Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco en la ciudad de Buenos Aires.

Previo al golpe de Estado de 1973, Gutiérrez Ruiz era el presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Zelmar Michelini era senador. El primero era del Partido Nacional, mientras que el segundo era del Frente Amplio.

Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, en tanto, eran una pareja de tupamaros. Los cuatro se encontraban exiliados en Argentina y fueron secuestrados el 18 de mayo, junto a los hijos de la pareja.

Por estos asesinatos es que se conmemora, cada 20 de mayo, la Marcha del Silencio, que este año, por segundo consecutivo, será virtual.

En su memoria, el Parlamento les realizó un homenaje. En el video publicado, el periodista Alfonso Lessa explicó que "si bien todas las vidas tienen el mismo valor y todos los asesinatos son igualmente reprobables", al igual que "todo lo que ocurrió en la dictadura", en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz "sus asesinatos tuvieron un componente particular, que era un componente político".

"No fueron elegidos al azar. Eran dos puntos fundamentales de referencia, al igual que Wilson Ferreira, entre otros, del exilio uruguayo. Eran las vías de conexión del Uruguay con el exilio y al mismo tiempo del Uruguay con terceros países y organizaciones que ayudaban en la lucha contra la dictadura", expresó Lessa, quien consideró que los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz "lo que buscaron fue cortar con esos lazos, al igual que después, por suerte inútilmente, intentaron con Wilson Ferreira".

Este martes, el abogado Pablo Chragoñia presentó a pedido de las familias Gutiérrez Ruiz Rodríguez y Michelini Delle Piane una denuncia por el asesinato de ambos. La Fiscalía de Lesa Humanidad investiga los cuatro asesinatos, así como los secuestros de Gabriela Schroeder Barredo, Victoria Whitelaw Barredo y Máximo Whitelaw Barredo, niños en aquel entonces, y la desaparición de Manuel Liberoff Peisajovich, todos crímenes ocurridos en Buenos Aires en mayo de 1976.

La identificación en 2020, por parte de juez federal Daniel Rafecas, de un nuevo centro de detención en la calle Bacacay, en el barrio La Floresta de Buenos Aires, situado en la misma manzana del centro de detención conocido como Automotores Orletti, dio lugar a que se iniciara una nueva causa judicial en Argentina sobre el centro clandestino que habría funcionado allí entre abril y mayo de 1976.

En el marco de esta investigación y por las fechas de su funcionamiento, surgió la posibilidad de que Gabriela Schroeder Barredo hubiera estado secuestrada en ese centro, razón por la que fue citada en agosto de 2020 a testificar en la causa. Asimismo, testimoniaron los hijos de Manuel Liberoff y otros uruguayos secuestrados por efectivos uruguayos y argentinos durante ese período en Buenos Aires.

También durante el año 2020, el juez Rafecas solicitó al Parlamento uruguayo las actas de la Comisión Investigadora de los Asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, que funcionó entre 1985 y 1987, para anexarlas a la causa sobre el centro Bacacay.

"Todos estos acontecimientos y la posibilidad de que nuevas líneas de investigación deriven en hallazgos inéditos convocaron a las familias una vez más en torno a los hechos de mayo de 1976, con la esperanza de que los autores materiales de esos crímenes sean identificados y juzgados", señalan las familias en un comunicado.

En octubre de 2020, Gabriela Schroeder Barredo presentó la denuncia por su secuestro que derivó en la investigación de los asesinatos de su madre, Rosario Barredo, y de su compañero, William Whitelaw Blanco, y sus hijos Victoria y Máximo, por cuanto son hechos inseparables. Recientemente, la familia Liberoff presentó la denuncia por la desaparición de Manuel Liberoff.

"La decisión de presentar estas denuncias -disparada por el nuevo caso judicial en Argentina, como ya se mencionó- responde a un ineludible deber filial pero también, y sobre todo, a la convicción de que, al igual que la sociedad, tenemos la necesidad y el derecho a la verdad y la justicia respecto al accionar del terrorismo de Estado. Y, a través de ellas, contribuir a la construcción de la memoria del pasado reciente para que esos hechos nunca más se repitan", agregan en el texto.

En el texto señalan que "estos crímenes están aunados con todas las demás causas de violaciones de derechos humanos perpetradas por el aparato represivo creado para ejercer el terrorismo de Estado en Uruguay".

"Somos solidarios de todos los familiares que reclaman justicia por sus seres queridos, honramos la memoria de las víctimas, y creemos que todas las acciones que alimenten el camino para que la sociedad conozca el funcionamiento y las responsabilidades del terrorismo de Estado son esenciales para la defensa de la ciudadanía", aseguran.