La Corte Suprema de Brasil rechazó este lunes un recurso presentado por la defensa de Jair Bolsonaro y decidió mantenerlo bajo prisión domiciliaria, al considerar que existe un "fundado temor de fuga" y que persiste la necesidad de proteger el orden público y garantizar la aplicación de la ley penal.
La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, quien además ratificó la vigencia del resto de medidas cautelares impuestas al expresidente, entre ellas la prohibición de utilizar redes sociales.
Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intentar revertir mediante un golpe de Estado su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder ultraderechista permanece recluido en su residencia en Brasilia desde el 4 de agosto, mientras el Supremo todavía no ha publicado la sentencia final del juicio por golpismo. Una vez notificada, se abrirá el plazo para apelar.
Un intento de presión internacional y un pedido de asilo a Milei
La Corte también consideró elementos surgidos de una investigación paralela, donde se indaga si Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, intentaron que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionara a autoridades brasileñas —incluidos jueces del Supremo— en represalia por el proceso judicial.
Como resultado de esas gestiones, Trump decretó aranceles del 50 % a productos brasileños y revocó visados a funcionarios judiciales y miembros del Gobierno de Lula.
Aunque la Fiscalía solo ha formalizado cargos contra Eduardo Bolsonaro, el juez De Moraes decidió mantener las restricciones al expresidente, considerando también un elemento nuevo: la existencia de un pedido de asilo al Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, hallado en uno de los teléfonos incautados a Bolsonaro.
Problemas de salud y estrategia judicial
El equipo legal del expresidente también solicitó que se autorice la visita de un médico particular por el agravamiento de sus crisis de hipo, un síntoma persistente desde el atentado que sufrió en 2018 y que se ha intensificado recientemente.
Los abogados sostienen que Bolsonaro no representa riesgo de fuga ni de reincidencia delictiva, pero el Supremo ha priorizado la protección institucional y la necesidad de enviar una señal clara ante intentos de desestabilización democrática.
Con información de AFP