El Poder Ejecutivo anunció el cierre de negociaciones del Proyecto Neptuno con el consorcio Infraestructura Arazatí S. A., y se llegó a un acuerdo de rediseño de las obras.

En conferencia de prensa, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, aseguró que esta renegociación forma parte de un conjunto de inversiones, las “más altas de toda la historia” del ente.

Así, según comunicó el organismo, el acuerdo implica una nueva toma de agua bruta, una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios de capacidad, una subestacion eléctrica y tratamiento de los lodos en Aguas Corrientes. También se prevé una nueva línea de bombeo, la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo y la instalación de troncales y tuberías de distribución del recalque de unión.

La renegociación del contrato implica que el monto de capital de las obras pase de un valor original de US$ 294 millones a un valor de US$ 212,6 millones.

“Estos ahorros permiten generar espacio para poder acometer otras obras que, en el marco de un enfoque sistémico de abastecimiento de agua potable al área metropolitana, son imprescindibles”, recalca el comunicado difundido por OSE. Esto implica, pues, la construcción de la represa de Casupá, y de una solución de producción y distribución de agua potable para el este de la Costa de Oro, las cuales se harán mediante licitaciones públicas separadas.

El pasado 18 de julio el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y Ferreri anunciaron la alternativa al Proyecto Neptuno. Esa conferencia se dio dos días después de que se conociera que se dejó sin efecto la iniciativa del gobierno anterior, aunque desde Presidencia habían aclarado que “la negociación no terminó”, según indicaron en ese momento a Montevideo Portal fuentes del Poder Ejecutivo.

El pasado miércoles 30 de abril se dio la primera reunión entre las autoridades de gobierno y representantes de las empresas (Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast) luego de que se firmara la suspensión de los plazos establecidos para su puesta en marcha. Allí se generaron dos equipos de trabajo: uno que profundizaría en los aspectos técnicos del contrato y el otro en los jurídicos.

En este marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, remarcó que “de antemano se sabe” que a la actual administración no le “convence” el proyecto tal cual fue firmado por el gobierno anterior. “Pero como tenemos un marco contractual que te obliga como Estado; tenemos que ver cuáles son los espacios para cambiar ese proyecto hacia otra cosa”, remarcó el mandatario.

Tal como informáramos, el gobierno uruguayo, bajo la administración del entonces presidente Luis Lacalle Pou, firmó el contrato el pasado jueves 23 de enero. El proceso había iniciado en noviembre de 2022, “cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y la operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, señalaba el comunicado de Presidencia de enero.

“Lo que le planteamos al consorcio es que, teniendo esta visión crítica con el proyecto, lo que planteamos y acordamos con el consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que oportunamente firmó el gobierno anterior”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a mediados de abril.

Durante estos tres meses se estableció una “mesa de trabajo permanente” para poder renegociar el contrato, indicó el jerarca en ese momento.

De esta forma, Sánchez reafirmó que el gobierno mantiene una visión “crítica” respecto a la iniciativa. “Entendemos que no es un proyecto oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el de garantizar el abastecimiento del agua potable para el área metropolitana”, sostuvo.

Según manifestó, “arriba de la mesa están todos los escenarios colocados”. Esto puede incluir desde la continuación de la iniciativa “con cambios”, pero también que el proyecto “no continúe” y “que se realicen otras obras”.

“Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero aquí tiene un marco jurídico (que nos establece el contrato), uno técnico y uno económico para ver cómo colocamos los distintos escenarios que están arriba de la mesa”, ratificó.