La Justicia obligó a la Dirección General de Impositiva (DGI) a devolver más de un millón de pesos a un centro educativo dedicado al trabajo con niños con problemas de aprendizaje.

La empresa "Cer SRL" gestiona un centro educativo destinado a "la atención multidisciplinaria enfocada a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, estimulación cognitiva, rehabilitación psicomotriz, rehabilitación fisiátrica y apoyo, y reeducación fonoaudióloga" y en 2016 había denunciado ante la Justicia Civil que los tributos que había abonado a la DGI desde su conformación eran ilegales debido a la exoneración con la que cuentan los centros educativos.

Si bien la Justicia falló en contra del centro en 2016, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno revocó esa decisión y obliga ahora al organismo a pagar a la empresa 1.338.114 pesos "más reajustes e intereses".

El nuevo fallo consigna que la empresa se inscribió en 2014 en el Área de Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza, trámite que le valió la exoneración tributaria prevista en el artículo 69 de la Constitución. Luego, la empresa acudió a la DGI para certificar la exoneración.

Para los integrantes del tribunal, la inscripción ante el MEC hace que "las sumas abonadas con anterioridad a la obtención de la exoneración tributaria carezcan de fundamento, debiendo ser devueltas".

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