Juan Esequiel Ibarra, convencional nacional del Partido Colorado, presentó la denuncia formal ante la Secretaría General y los integrantes del Comité de Ética y Conducta Política para analizar la “eventual violación” del artículo 124 de la Constitución de la República por parte del senador Andrés Ojeda.
La denuncia se dio después de que la fiscal Sylvia Lovesio advirtiera, en el marco de una audiencia, de una solicitud de reexamen de una causa cursada por el actual secretario general del Partido Colorado en su rol de abogado.
Ibarra presentó un PDF con los fundamentos jurídicos y políticos que motivan la presentación ante el comité, así como también un audio de la audiencia realizada ante la Fiscalía General de la Nación, en la que Lovesio expone y consulta formalmente sobre la posible infracción constitucional.
Asimismo, el convencional nacional emitió una copia íntegra de la denuncia presentada ante la Cámara de Senadores, registrada y enviada en forma oficial a dicha corporación.
En la denuncia, Ibarra pidió que la documentación presentada sea incorporada al expediente correspondiente y sometida a consideración del órgano, de acuerdo con lo previsto en la Carta Orgánica del Partido Colorado.
El convencional de Florida argumentó que su accionar pregona con la “preservación de la conducta ética y política de los dirigentes”, “la correcta observancia de la institucionalidad republicana” y “las potestades disciplinarias en casos de infracción a los principios partidarios y constitucionales”.
El artículo 124 de la Constitución afirma que los senadores durante su mandato no podrán “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público”, ni “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.
Ante el comentario de Lovesio, Ojeda solicitó informes al respecto a los constitucionalistas Ruben Correa Freitas y Jaime Sapolinski.
De acuerdo con lo que dijeron fuentes coloradas a Montevideo Portal, los informes de estos constitucionalistas afirman que los senadores no están impedidos de actuar en casos que hagan a su profesión.
Días atrás, el exdiputado Eduardo Lust, también constitucionalista, se refirió al asunto. Al respecto, dijo que el artículo 124 “no afecta en nada a Ojeda”. “No lo afecta por lo siguiente: la Fiscalía General de la Nación, donde el senador Ojeda presentó el escrito de 75 páginas para solicitar que un caso penal que él patrocina como abogado se vea nuevamente, es un artículo que viene de la Constitución de 1934, conocida como la Constitución de Terra. En el año 1934, la Fiscalía no era un servicio descentralizado: era un servicio auxiliar del Poder Judicial”, sostuvo.
Según dijo en el canal de streaming de su partido Espacio Constitucional Ambientalista, el espíritu de la norma de 1934 era que los abogados pudieran seguir ejerciendo, excepto en determinados organismos, que son los mencionados.
Luego mencionó que en 2017 la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado, y sumó: “La Constitución no dice que no puede trabajar ante el Poder Judicial. Dice que no puede trabajar ante el gobierno central, pero ante el Poder Judicial, ante la Corte Electoral, ante el Tribunal de Cuentas o ante el Poder Legislativo, el legislador puede trabajar como abogado. No tienen ningún problema”, sostuvo.
En esa línea, agregó que “la naturaleza jurídica de la Fiscalía, que cambió, no puede implicar una prohibición a una actividad que la Constitución le permite de forma expresa”.
Pese a sus consideraciones legales, Lust dijo también que le recomendaría a Ojeda no ejercer mientras ocupe una banca, y que los casos los siga su estudio jurídico.
En este tema, desde el entorno de Ojeda marcan además que la contraparte en el caso es el abogado Rodrigo Martínez, suplente del también colorado Felipe Schipani, según dijeron a Montevideo Portal fuentes coloradas.
En el sector de Ojeda también señalan que el asunto no es un tema que deba considerar la Fiscalía, sino que, en todo caso, sería un asunto de debate en la cámara. Fuentes vinculadas a ese sector colorado apuntan a un móvil político que vinculan a que el coordinador de la Fiscalía de Sylvia Lovesio, Antoni García Rivera, es adjunto en la cátedra de Derecho Procesal de Ignacio Soba, quien trabaja como pase en comisión en Presidencia de la República.
Por otro lado, señalan que el convencional colorado fue expulsado de forma reciente del sector Unir por una acumulación de denuncias falsas contra otros colegas.