Contratados por Cancillería "constatan abuso, acoso y desprecio de los derechos humanos”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, recibió en las últimas horas una carta en la que trabajadores contratados por Cancillería reclaman una solución a la situación laboral de los funcionarios de la embajada de Uruguay en Venezuela, quienes desde el año 2015 exigen reguel pago de sus prestaciones sociales.

“Nos dirigimos al señor ministro para expresarle nuestra profunda preocupación ante la constatación de diversos hechos contrarios a derecho que se están produciendo en su cartera y que afectan flagrantemente los derechos humanos y labores de funcionarios contratados locales de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Uruguay”, expresa la carta de la Asociación de Funcionarios Contratados Locales de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del Uruguay en el Exterior (Asfucourex) a la que accedió Montevideo Portal.

En concreto, los trabajadores se refieren a “situaciones que no hacen honor a la intachable trayectoria con la que cuenta nuestro Uruguay en materia de derechos laborales, tal como ha sido reconocido por los propios funcionarios diplomáticos durante sus invaluables esfuerzos de alcanzar lo mejor para nuestro país”.

“Uruguay tiene una rica historia en materia de derechos laborales, donde se respetan los principios generales y cuyo compromiso para procurar un adecuado clima de negocios que proporcione competitividad, trabajo de calidad y condiciones dignas para su gente, son reconocidos. La norma es que todos, tanto trabajadores, empresarios y el propio Estado se unen con el interés de mantener estándares mínimo de respeto a estos derechos, aún cuando existan visiones y pensamientos diferentes, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir y que nos valen los elogios de muchos países”, manifiesta la asociación de funcionarios contratados por Exteriores en una misiva titulada “Derechos Laborales de Funcionarios contratados locales y el caso de Venezuela” y enviada a Bustillo este miércoles 18 de mayo.

“Por todo esto, es que nos entristece constatar que desde el propio Estado uruguayo se promueven situaciones de incumplimiento, abuso, acoso y desprecio de los derechos humanos y laborales de sus trabajadores. Nos entristece constatar que muchas de estas violaciones flagrantes surjan desde el ministerio que usted tiene el privilegio de liderar y que nosotros, directa o indirectamente, tenemos el honor de integrar”, dice Asfucourex.

Además, los funcionarios sostienen que “es por lo menos paradójico que los incumplimientos que nos generan consternación y que motivan la presente carta tengan origen en el ministerio que ha promovido, acompañado, negociado, suscrito y ratificado muchos de esos convenios internacionales que aseguran los derechos laborales”, y agregan: “Recordemos que incluso el propio director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señor Ruy Ryder, ha reconocido el liderazgo de Uruguay en la agenda de derechos laborales, donde existen leyes de vanguardia que fueron aprobados incluso desde antes de la creación de la propia OIT. La Ley 5.350 sobre la jornada laboral de ocho horas es un claro ejemplo”.

“Es en este marco que nos cuesta explicar, a modo de ejemplo, el atropello y acoso que están sufriendo nuestros colegas, los funcionarios de la Representación en Caracas, Venezuela. Una situación que ha sido recogida por diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional, ya que el apartamento de la buena fe con la que deben actuar las partes en el cumplimiento de los contratos de esa misión es sorprendente”, dice la misiva.

Reservas pulverizadas

La primera semana de mayo, trabajadores locales de la embajada en Caracas enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que piden que interceda en el conflicto laboral. "Le solicitamos muy respetuosamente tenga a bien interceder para que nuestros derechos sean respetados, así como nuestros contratos, y el cálculo y pago en dólares de nuestros beneficios laborales como se ha venido haciendo durante 30 años", dice la misiva que fue difundida el 4 de mayo por El Observador, que informó entonces que estas prestaciones sociales antes eran llamadas “indemnización por antigüedad” o “prestación de antigüedad” en Venezuela, ya que el pago está vinculado al tiempo de trabajo. Además, una vez al año los funcionarios pueden pedir el abono máximo del 75% del dinero acumulado más los intereses generados en bolívares según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela.

Entre los trabajadores de Cancillería que se desempeñan en Venezuela hay "contratados locales que nunca solicitaron adelantos de sus prestaciones sociales acumulándolas en dólares para su retiro, haciendo fe del contrato firmado, hoy ven que las mismas fueron pulverizadas debido a la 'fórmula' aplicada en bolívares" por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, expresaba la misiva dirigida a Lacalle.

En ese sentido, en la carta enviada este miércoles a Bustillo, Asfucourex sostiene que “no se trata de una situación típica de negociación por mejora salarial o de las condiciones laborales, en la que la existencia de diferencia de criterios y visiones puede ser razonable e incluso lógica”, sino que “esta situación es un claro ejemplo del avasallamiento de los derechos de los contratados locales, ya que se trata de dinero de naturaleza salarial, que la misión retiene pero que no le pertenece”.

“En síntesis, se trata de dinero que pertenece a los trabajadores y por lo tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede bajo ningún punto de vista disponer, administrar, resolver, modificar o tomar cualquier acción sin el debido conocimiento y consentimiento de su legítimo titular. Y mucho menos hacerlo de forma retroactiva y notoriamente perjudicial para el trabajador”, sentencia la asociación de trabajadores, y agrega: “La impunidad y arbitrariedad con la que se ha manejado la situación es preocupante. Se trata de una situación tan clara y evidente que las decisiones irregulares y los actos de presión y acoso a los trabajadores deben ser puestos en su conocimiento con la confianza que serán tomadas las medidas tendientes a enmendar este error injusto”.

Ruega e insta

“Señor ministro, desde Asfucourex le rogamos tomar las medidas necesarias que aseguren el respeto irrestricto a la intachable trayectoria del Uruguay en materia de derechos laborales. Marca país que nos hemos ganado con mucho esfuerzo y que es siempre reconocida y mencionada por quienes representan los intereses de nuestro país durante el desempeño de sus funciones en el exterior”, dice la carta, en la que la asociación solicita además “instancias de diálogo y respeto de todas las partes involucradas, evitando presiones innecesarias e injustas”.

“Instamos al señor ministro el respeto de los contratos laborales vigentes, la legislación y jurisprudencia aplicable, el cultivo de las buenas costumbres y buena fe para buscar una resolución cordial y célere entre ambas partes, que nos permita cuidar y seguir sintiéndonos orgullosos de la trayectoria del Uruguay en materia de derechos humanos y laborales. Reiteramos al señor ministro las seguridades de nuestra mayor consideración”, concluye la carta firmada por la comisión directiva de Asfucourex.