Comisión de Cardama terminó su trabajo: coalición defiende a Lacalle y FA hará conferencia

La comisión investigadora de Cardama culminó en la mañana de este viernes su trabajo parlamentario luego de seis meses de análisis y desde la Coalición Republicana ratificaron su posición sobre el proceso adoptado por el gobierno del Frente Amplio.

Legisladores de la oposición analizaron la compra de dos patrullas oceánicas concretada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, un caso que derivó en una denuncia penal y en la rescisión del contrato con el astillero español por parte de la administración del FA.

Luego de la última sesión de la comisión, el senador del Partido Nacional José Luis Falero brindó una rueda de prensa en la que afirmó que fue aprobado el pasaje de cuatro informes —uno del oficialismo, otro de la Coalición Republicana, un tercero de Identidad Soberana y el cuarto de Cabildo Abierto— a la Asamblea General, donde se tratarán los escritos.

Con respecto a la conclusión que le deja la investigación, Falero reconoció que para él “se podía haber utilizado un camino más adecuado para evitar la afectación de lo que pueda suceder como consecuencia de la rescisión del contrato”.

Además, se refirió a la carta que envió el empresario Mario Cardama a la comisión, que afirma que se trató a la compañía “como culpables de un fraude” del cual no tienen “nada que ver”.

“Corrobora muchas de las apreciaciones que están en nuestro informe y lo deja muy claro, era una percepción que teníamos de acuerdo a los testimonios recibidos”, señaló el nacionalista. Además, cuestionó que el presidente Yamandú Orsi “no se asesoró adecuadamente”, lo que lo llevó a tomar una decisión “inconveniente para los intereses del país”.

Por otro lado, sostuvo que buscan coordinar con la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, para enviar a Fiscalía la documentación surgida de la investigación parlamentaria antes de que sea tratada en la Asamblea.

 En el informe de la Coalición Republicana, al que Montevideo Portal accedió, aseguran que la adjudicación del contrato a Cardama durante el gobierno de Lacalle Pou se ajustó al marco legal y contó con respaldo técnico de la Armada Nacional. Además, señaló que el procedimiento fue intervenido por el Tribunal de Cuentas y el contador central del MEF sin observaciones.

En cuanto a las garantías, el informe sostiene que el gobierno anterior actuó con asesoramiento jurídico del Estudio Delpiazzo, “el cual nunca advirtió sobre la existencia de indicios de que la documentación presentada fuera falsa”. La comisión también destacó que el contrato establecía garantías superiores a las exigidas por la normativa, además de mecanismos de control sobre la construcción de las patrulleras.

Sobre la administración de Yamandú Orsi, la coalición cuestionó especialmente el proceso que terminó con la rescisión del contrato. Según el informe, hubo “siete meses sin que el Estado controlara la construcción como lo prevé el contrato” y, posteriormente, las actuaciones para ejecutar la garantía, rescindir el contrato y presentar una denuncia penal se concentraron en apenas cuatro días. Para los legisladores, esa secuencia “sugiere una coordinación previa y una decisión política ya adoptada”.

El documento también cuestionó que la rescisión se haya decidido sin una evaluación integral de los riesgos, costos y alternativas, como una eventual renegociación o continuidad del contrato. La coalición sostuvo que el Estado deberá afrontar un nuevo proceso de adquisición, con la obra interrumpida, gastos jurídicos adicionales y una eventual controversia arbitral internacional.

Por su parte, la bancada del Frente Amplio realizará una conferencia de prensa el próximo lunes al mediodía junto con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para desarrollar sus conclusiones.