“Se nos trató como culpables de un fraude”: la respuesta de Mario Cardama al Parlamento

El astillero español Cardama, con el cual el gobierno uruguayo firmó un contrato en la gestión de Luis Lacalle Pou para la construcción de dos patrullas oceánicas, remitió un escrito de 20 páginas a la comisión investigadora del Parlamento con las respuestas de su titular, Mario Cardama. El vínculo fue rescindido en la administración de Yamandú Orsi por incumplimientos y por problemas con la garantía.

En el documento, Cardama afirmó que desde que asumió el gobierno de Orsi hasta la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025, en la que se anunció la intención de rescindir el contrato, el Ministerio de Defensa Nacional nunca le objetó formalmente las garantías presentadas, no lo intimó a cambiarlas ni planteó incumplimiento alguno del contrato.

El empresario recordó que días antes de ese anuncio, el 10 de octubre, se reunió con la ministra Sandra Lazo y sus asesores y que en esa instancia no se dijo nada sobre incumplimientos contractuales ni sobre la garantía. Lo que sí se trató fue la extensión de la fecha de vigencia de la carta de crédito, por precaución ante el retraso en la entrega de los motores.

“Jamás se exhibió interés por la garantía; más bien el interés y la energía estuvieron puestos en usar el evento que se exhibía o aparecía como un fraude de la garantía de Eurocommerce —ajeno a nuestro conocimiento y, por supuesto, implicación alguna— para terminar con un contrato en el que no tenían interés. Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver”, enfatizó Cardama, según el texto al que accedió Montevideo Portal.

El empresario indicó que denunció penalmente a Eurocommerce ante la Justicia de España.

Sobre la capacidad del astillero, Cardama afirmó que la empresa lleva construyendo barcos desde hace más de cien años y que en los últimos 30 años entregó casi 40 buques de acero de distintos tipos. “Los buques OPV para Uruguay no iban a ser los buques de más porte ni los más complejos construidos por nuestro astillero”, remarcó.

Señaló que el proceso de construcción fue certificado por Lloyds, empresa elegida por ambas partes, y que ya había acordado con los dos desarrolladores de la tecnología prevista para las patrullas el montaje sobre la estructura de las OPV.

Cardama cuestionó la experiencia de los representantes de la Armada Nacional en el proceso, afirmando que no habían participado en ningún aspecto de supervisión de una nueva construcción naval. Según el empresario, eso quedó de manifiesto cuando la Armada sustituyó a sus representantes técnicos por Bureau Veritas, cuyo informe declaró “satisfactoria” la construcción, “de modo que llueve sobre mojado, vale decir, solo acredita lo que ya estaba acreditado por Lloyds Register”.

El propietario del astillero señaló además una “ralentización” del proceso constructivo por no haber contado entre marzo y setiembre de 2025 con un representante nombrado por la Armada. “En nuestra impresión de la visita, ellos venían con un listado de preguntas a realizar con el objetivo de hacer un informe negativo de Cardama basándose en normas que no aplicaban al caso y con una mentalidad de construcción naval de hace décadas”, puntualizó.

Sobre los plazos, Cardama recordó que la primera OPV debería ser entregada en 18 meses y la segunda en 30, y que dichos plazos “contemplaban situaciones de retrasos de terceros”. Sobre la demora en la entrega de los motores principales, sostuvo que se trata de causas ajenas a la empresa. “En conclusión, teniendo en cuenta que los principales riesgos y causas más habituales de retrasos estaban recogidas en el contrato como justificadas, entendemos que los plazos eran razonables y realizables”, subrayó.

Sobre la garantía

Mario Cardama fue consultado por las demoras en la constitución de la garantía de fiel cumplimiento. Explicó que el contrato preveía dos garantías: una de fiel cumplimiento del contrato por un importe del 5% del precio y otra de anticipo financiero por el 10%, esta última propuesta por el astillero ya que la legislación uruguaya no la exigía.

Sobre la garantía de anticipo financiero, señaló que se cubrió con una póliza de seguros que se pudo constituir con la empresa Redbridge, “adecuadamente, en tiempos razonables”. En cambio, la garantía de fiel cumplimiento presentó dificultades imprevistas: “la forma en que debía constituirse —a primer requerimiento— y el garantizar el cumplimiento de la construcción de buques con armamento militar, dificultó su obtención de manera imprevista y efectivamente llevó tiempo cumplir con este requisito”.

Cardama mencionó que recorrió varios bancos de renombre internacional y que, por la guerra en Ucrania, las entidades financieras no otorgaban garantías a proyectos que incluyeran armas para países con ayudas del Banco Mundial, como es el caso de Uruguay. “Naturalmente, eso lo cambió todo porque no se tenía prevista esa dificultad”, agregó.

Según el relato del empresario, recogido por Subrayado, se exploró luego la posibilidad de que el aval fuera emitido por un banco radicado en un país caribeño, pero tras tres meses de trámites esa entidad comunicó que no podía emitirlo por un “impedimento interno”. También se manejó la posibilidad de que Abitab colaborara en la garantía, algo que finalmente no ocurrió. Asimismo, se consideró que la garantía fuera otorgada por Redbridge, pero el formato no se ajustaba, por lo que se propuso una adenda al contrato que fue rechazada.

“Esta búsqueda nos llevó al aval finalmente presentado y aceptado por el Ministerio de Defensa Nacional, tras varios meses de negociaciones y revisiones del texto y las condiciones por parte del ministerio y sus asesores externos”, dijo Cardama, y concluyó: “Los tiempos insumidos fueron muy por encima de lo previsto y deseable, pero todo esto lo causó, a nuestro entender, una situación ajena a ambas partes que era de nuestro total desconocimiento antes de la firma del contrato”.

Según el empresario, tras la conferencia de prensa de octubre de 2025, el abogado Gonzalo Fernández actuó como mediador entre Cardama y el gobierno uruguayo. Se realizó una reunión en Torre Ejecutiva con la participación del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra Lazo, en la que se plantearon reformas al contrato, pero no hubo pronunciamiento alguno sobre la garantía alternativa ofrecida. Las opciones que se manejaron fueron la rescisión del contrato, la cesión a un tercero, la reducción del contrato a una sola patrullera, la modificación de los hitos y del sistema automático de pago y la designación de un representante del gobierno uruguayo en el astillero, entre otras.

Cardama indicó que solicitó al gobierno que le entregara por escrito las modificaciones pretendidas al contrato, pero “nunca se entregó ese listado”, pese a los reiterados pedidos.

Disposición a acordar

Al cierre de su escrito, Mario Cardama expresó la disposición de la empresa para encontrar una solución. “Nos interesa que se busquen soluciones prácticas, ejecutables, que eviten la pérdida de valor, que consulten el valor del tiempo, los esfuerzos, esto es, nos interesan cosas más sencillas”, aseguró.

El empresario recordó que en marzo de 2026 solicitó al gobierno uruguayo que resolviera qué destino le daría a lo construido, y que tras más de cinco meses no obtuvo respuesta. “Hay mucho entonces de lo que ocuparse desde una perspectiva profesional y sabrá el Estado uruguayo qué quiere hacer. Cuando lo sepa y si eso que quiere es buscar una solución, seguramente la podremos encontrar juntos. Mientras tanto, ambas partes nos gastamos una fortuna en abogados”, reflexionó.