Comienza juicio a madre de bebés mellizas que mató brutalmente a una e hirió a la otra

En la mañana del sábado 21 de junio de 2025, una madre llegó con sus dos mellizas de nueve meses de edad desvanecidas a la emergencia del Hospital de Tacuarembó.

Allí se constató el fallecimiento de una de ellas, a quien los médicos intentaron reanimar sin éxito, y se dispuso la internación de la otra niña en la unidad de cuidados intensivos (CTI).

En aquel entonces, los informes daban cuenta de que ambas niñas presentaban “muchos signos de violencia”.

En concreto, la bebé que falleció llegó casi sin signos vitales, con fracturas craneales y hematomas generalizados, mientras que su hermana presentaba erosiones, golpes, arañazos y sangrado en nariz y boca.

La investigación posterior reveló que las bebés habrían vivido en un contexto de violencia constante, con golpes, en el que habrían recibido bofetadas y otras agresiones y padecido “extensos períodos de llanto sin atención”. Además, se denunció que eran dejadas solas durante horas, incluso durante la noche. Estas situaciones habrían sido advertidas por familiares y por una persona que le brindó alojamiento a la mujer cuando se alejó del hogar familiar.

Según declaraciones de la mujer —que permanece en prisión preventiva—, el embarazo habría sido producto de una relación ocasional, e intentó abortar en varias oportunidades. Se comprobó que no concurrió a controles médicos, pese a que su gestación era considerada de riesgo, y que no asistió a una cesárea programada. Solo acudió al hospital cuando ya estaba en trabajo de parto. Una de las niñas nació por vía natural y la otra por cesárea.

En julio de 2025 la Fiscalía le imputó dos delitos de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado por infanticidio y el uso de violencia extrema —uno de ellos en grado de tentativa—, además de delitos continuados de violencia doméstica. Durante el juicio se prevé la incorporación de nuevas declaraciones y pericias.

Llega el momento

El próximo lunes comenzará en Tacuarembó el juicio oral por el caso.

Según informó el periodista Marcos Pereira, de Radio Tacuarembó, la Fiscalía General de la Nación dispuso el traslado de un equipo de litigantes desde Montevideo para sostener la acusación contra la madre de las niñas, quien permanece en prisión preventiva. La Fiscalía solicitará una pena de 30 años de cárcel por los delitos de homicidio especialmente agravado y violencia doméstica.

La defensa de la mujer estará a cargo del defensor público Joaquín Gamba, quien centrará su estrategia en dos aspectos principales: la actuación de los organismos estatales antes de la agresión y el estado de salud mental de la acusada al momento de los hechos.

En relación con el primer punto, la defensa cuestionará la intervención de las autoridades y sostendrá que la situación de riesgo en la que se encontraban las niñas era conocida antes del desenlace. Según los antecedentes mencionados, la Policía de Tacuarembó tomó contacto con el caso el 19 de junio, mientras que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) intervino formalmente el día 20.

Según Pereira, la defensa argumentará que, pese a la intervención de ambos organismos y a que se había constatado la vulnerabilidad del entorno, no se adoptaron medidas urgentes para separar a las niñas de su madre. Las menores permanecieron bajo su cuidado hasta que se produjo la agresión.

El segundo eje de la estrategia estará centrado en la situación psíquica de la acusada y su grado de responsabilidad penal. La defensa buscará determinar, mediante evaluaciones técnicas, cuál era su estado mental al momento de los hechos. Para ello, pondrá sobre la mesa sus antecedentes psiquiátricos, la descompensación emocional que habría experimentado en los días previos, el consumo de sustancias y su situación de extrema vulnerabilidad social.

Estos argumentos serán contrapuestos a la posición de la Fiscalía, que sostiene que la mujer actuó con plena conciencia y voluntad. El tribunal deberá evaluar las pruebas y los planteos de ambas partes para determinar las responsabilidades penales correspondientes.