El conflicto histórico que han tenido las gremiales de taxi con las aplicaciones que conectan choferes con pasajeros se reavivó en los últimos meses debido a la aparición de carteles publicitarios en los autos particulares de Cabify y Uber.

El decreto 38.248 de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) fue el que lo habilitó. Sancionada el 27 de marzo de este año, la norma municipal establecía que las “aplicaciones electrónicas proveedoras de movilidad como un servicio” podían colocar “propaganda y publicidad”, “tanto en la parte exterior como interior del vehículo”.

Hace cinco días, la JDM derogó ese mismo decreto luego de las quejas recibidas por parte de la Gremial Única del Taxi.

Según consignó El Observador, la gremial, liderada por Óscar Dourado, había remitido una misiva al director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Pablo Inthamoussu, a mediados de agosto en la que retomaba el reclamo de que las aplicaciones ejercen “daños permanentes” al trabajo del taxi. Allí también se dice que el contar con publicidad en los autos es un agravante a estos daños.

Ante esta situación, Gerardo Sastre, presidente de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, denunció en conversación con Montevideo Portal que la Intendecia y la Junta Departamental tienen “claramente un favoritismo hacia el taxi, y no como dicen, igualdad de condiciones”.

“Cada vez tenemos menos condiciones y una actitud muy arbitraria, porque eso no es publicidad, es simplemente identificar el vehículo al que la persona pidió para ser trasladada”, y añadió que se trata de un beneficio para el usuario y no para la empresa ni los choferes.

Sastre denunció también que las reuniones tripartitas entre choferes, la empresa y la Intendencia llevan nueve meses sin llevarse adelante, “lo cual es una falta grave de ello porque la normativa lo exige”, expresó.

Por su parte, consultado por Montevideo Portal, Dourado se excusó de hacer declaraciones al respecto.

En la nota que publicó la Junta de Montevideo en su página web se explica que la marcha atrás con el decreto responde a “la necesidad de estudiar con mayor profundidad el Digesto Departamental de Montevideo, en lo que refiere al apartado de Publicidad y Propaganda en Espacios Públicos y en Bienes de Dominio Privado Departamental”.

Asimismo, explica que la norma que regula la publicidad en los vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros por aplicaciones “pasará a la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta para su tratamiento”.

La oposición de la gremial de taxis a Uber se remite a 2015, cuando irrumpió por primera vez esta tecnología en la capital uruguaya. Desde ese entonces, choferes, gremialistas y empresas han pasado por distintas instancias de negociaciones, mediadas por la IM.

A comienzos de 2022, Uber incorporó dentro de su oferta de transportes la posibilidad para los usuarios de pedir un taxi.