El abogado y edil del Frente Amplio por Montevideo Juan Ceretta presentó una denuncia penal en las últimas horas contra el exministro del Interior Nicolás Martinelli y contra Luis Mendoza, director del INR en el pasado gobierno, por el cierre, ordenado por la administración actual, de una oficina que funcionaba en el Comcar y habría sido utilizada para espionaje ilegal.

“La oficina tenía cometidos de espionaje e inteligencia y fue asignado como primer encargado Carlos Taroco, que también era director del Comcar.  El problema que tiene la creación de esa oficina es que estas actividades están por fuera de las competencias del INR”, afirmó Ceretta en diálogo con el programa Las cosas en su sitio (Radio Sarandí).

El abogado afirmó que la repartición tenía nueve funcionarios. “Incluso, está probado en el expediente de Penadés que había traslados de presos de otros centros al Comcar para presionarlos y para intentar forzar sus declaraciones en la causa”, sostuvo.

Ceretta, que se encuentra patrocinando actualmente al Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, aseguró que las autoridades del INR sabían “muchas cosas que se mantenían en reserva”, motivo por el que los dirigentes gremiales tienen “firmes sospechas” de que los integrantes de la oficina realizaban escuchas telefónicas y espionaje a través del sistema del Guardián.

Por último, Ceretta consideró que hay “responsabilidades institucionales gravísimas” y adelantó que en la denuncia penal no se tipificó ningún delito en específico contra Martinelli y Mendoza. “Simplemente le comunicamos los hechos que para nosotros tienen apariencia delictiva a la fiscalía y preferimos que sea la fiscalía la que califique”, afirmó.

Consultado por Montevideo Portal, Martinelli respondió que la oficina no era ilegal porque fue creada por resolución de Mendoza. “Si alguien de esa oficina se desvía a otros fines, entonces se le aplicarán las investigaciones administrativas y penales que corresponda. Fue lo que pasó con su exdirector (Taroco)”, afirmó.

“La oficina táctica se creó en 2021, dos años antes que lo de Penadés, y entiendo que su creación está dentro de los cometidos asignados al INR por la ley N° 18719. Que un funcionario cometa irregularidades o ilegalidad no convierte a esa oficina en ilegal”, agregó.