La Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipol GR) emitió este miércoles un comunicado en el que respalda a su presidente, Carlos Piedra, quien afronta un sumario administrativo iniciado en su contra. El sindicato sostuvo que la decisión demuestra que el ministro del Interior entendió “necesaria una nueva opinión técnica, distinta a la brindada por la Oficina Jurídica y los asesores del propio Ministerio del Interior”.
En el documento, al que accedió Montevideo Portal, se cuestionó el procedimiento disciplinario y se afirma que durante el proceso “quedó en evidencia la realización de un sumario ‘exprés’”, impulsado tras informes promovidos por distintas direcciones policiales. Según señalaron, incluso participaron “la Dirección Nacional de Policía Científica y escribanos para autenticar entrevistas periodísticas”.
Además, el sindicato aseguró que el expediente terminó demostrando que las declaraciones de Piedra no constituyeron agravios personales ni afectaron a la institución. En ese sentido, citaron parte de la defensa presentada por la abogada Elizabeth Frogge: “Las expresiones cuestionadas no individualizan agravios personales. No imputan conductas deshonrosas. No lesionan el prestigio institucional ni la autoridad administrativa”.
Unipol GR también sostuvo que las expresiones realizadas por el dirigente “fueron críticas institucionales en el marco de la actividad sindical, plenamente amparadas por la libertad sindical y el orden jurídico vigente”.
Por último, el sindicato afirmó que “no existió falta grave alguna, ni agravio institucional ni afectación al prestigio de la Policía Nacional”, sino “el ejercicio legítimo de la representación sindical y la libertad de expresión”.
El procedimiento se originó luego de entrevistas que el dirigente sindical concedió en programas de televisión y radio, donde se refirió al equipamiento de la unidad, especialmente a los cascos utilizados en operativos de control del orden público, además de cuestionar la conducción policial y ministerial.
Según la resolución administrativa, esto podría haber generado una desacreditación de la gestión y del comando de la fuerza. A partir de esa interpretación se dispuso la apertura de un sumario y la suspensión preventiva del funcionario con retención de la mitad del salario por hasta seis meses.
En el expediente también se analizaron otras entrevistas radiales y televisivas. La investigación concluyó que algunas de las afirmaciones realizadas “excederían” el marco de la actividad sindical, aunque reconoce que gran parte de los comentarios estaban vinculados a condiciones de trabajo y a la operativa policial.