Cardama: García y Ojeda señalan posible delito de Díaz por publicar información reservada

El senador nacionalista Javier García y su par colorado Andrés Ojeda enviaron en las últimas horas una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para pedirle que sancione al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tras una publicación que realizó en redes sociales sobre un informe relacionado a la rescisión con el astillero Cardama.

El reclamo de los legisladores se da a raíz de un posteo del exfiscal en la red social X, en el que citó pasajes textuales de un informe jurídico realizado por Cristina Vázquez a raíz de una consulta del Poder Ejecutivo sobre los contratos del Estado con la empresa española.

Ojeda y García entienden que Díaz no podía hacer público el contenido del informe porque este fue incluido, mediante una resolución firmada por Alejandro Sánchez el pasado 7 de enero, en un paquete de documentos relacionados a Cardama que fueron declarados bajo reserva, luego de un pedido de acceso a la información pública realizado por el colorado.

“Dicha solicitud fue expresamente denegada bajo el argumento de que su divulgación podría afectar la posición estratégica de Uruguay en el litigio. Sin embargo, con sorpresa y preocupación constatamos que el prosecretario ha difundido públicamente fragmentos parciales y seleccionados de uno de esos mismos informes, cuyo acceso fue negado a los legisladores nacionales y formalmente clasificado como reservado”, narra la carta, publicada por el propio García en su cuenta de X.

Según los senadores, este hecho resulta “institucionalmente inadmisible”. “No es compatible con el principio republicano ni con el deber de lealtad institucional que una información sea negada a los representantes del pueblo y, simultáneamente, utilizada de manera fragmentaria y antojadiza por un asesor del Poder Ejecutivo para intervenir en el debate público”, agrega el documento.

Ojeda y García entienden que la conducta de Díaz se enmarca en el artículo 31 de la Ley n° 18381 sobre las “faltas administrativas graves”. “La divulgación selectiva y fragmentaria de información formalmente declarada reservada se encuentra comprendida en dichas hipótesis legales, por lo que —a todas luces— el funcionario debe ser sancionado”, señalan.

Además, sostienen que ese posteo también puede haber configurado un presunto delito de revelación de secreto, tipificado en el artículo 302 del Código Penal y que está castigado con una sanción de 100 a 600 unidades reajustables (UR).

“Si la información es verdaderamente reservada por razones estratégicas, entonces no puede ser utilizada públicamente, ni parcial ni selectivamente. Y si puede ser utilizada públicamente, entonces no existió jamás fundamento válido para negarla al Parlamento”, finaliza la misiva.