Cámaras empresariales y de comercio del interior reafirman su posición a favor de la LUC

Representantes de la Cámara Regional de Empresarios del Este (CRECE) y de las Cámaras Empresariales de la Frontera (CEFRO), brindaron una conferencia de prensa para dejar clara la posición “en favor de no derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC)”.

Martín Rodríguez, directivo de la Cámara Comercial e Industrial de Rocha, señaló que ambas cámaras “se han reunido en varias oportunidades para discutir” acerca de la bancarización obligatoria y han definido que “no se sienten representados por quienes defienden derogar los 135 artículos de la LUC”.

“Tanto CRECE como CEFRO han trabajado para demostrar el perjuicio de la obligatoriedad financiera y junto a otros actores sociales y las cámaras de comercio del interior, reunieron hace menos de tres años 240.000 firmas que avalan esta postura”, informaron las cámaras en un comunicado.

Para Rodríguez, “un ejemplo claro de la pérdida de libertades que significa la bancarización obligatoria es la medida anunciada por AEBU, en la que establece que ´trancará´ el sistema bancario por 10 días, a lo que se suma el feriado de Carnaval, con el consiguiente perjuicio no solo para el empresario y el comerciante, sino para todos los trabajadores”.

Otro de los artículos que las gremiales empresariales defienden es el que se refiere a la regulación de las ocupaciones sindicales a las empresas. “Con la aprobación de este artículo en la LUC, se recupera algo por lo que históricamente se ha luchado, que las empresas privadas tengan el mismo derecho que las empresas públicas para no permitir las ocupaciones”, añaden. Rodríguez afirmó que “no se niega el derecho que tienen los sindicatos a hacer huelga, sino que se quiere garantizar el derecho al trabajador que quiere trabajar”.

Por su parte, José Pereyra, presidente de la Cámara de Comercio de Maldonado, invitó a comerciantes y empresarios a “que se unan a este planteo de las cámaras de la frontera y del este del país para no derogar los 135 artículos en cuestión” y “así continuar la obligatoriedad financiera”. “Esto no es un tema político ni partidario”, dijo Pereyra al referirse a la situación de los comerciantes y empresarios del interior que, desde el 2014 cuando se había aprobado esa obligación, “comenzaron a ver los daños y a sentir cómo pesaban los costos de la implementación de esa mala ley, lo que en su entonces quienes desarrollaron esa nefasta obligación llamaban “un supuesto control contra la informalidad”.

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