La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios terminó 2025 en rojo por sexto año seguido, pese a haber recibido durante el año pasado ingresos extraordinarios, tanto del Estado como de sus propios jubilados. El resultado del ejercicio fue negativo en $ 1.247 millones, equivalentes a US$ 31,9 millones al tipo de cambio de cierre, según los estados financieros auditados por la consultora Crowe.

Según consignó El Observador y constató Montevideo Portal, el número mejoró respecto al año anterior —en 2024 el déficit había alcanzado los US$ 51 millones—, pero en 2025 la institución contó con una inyección de recursos que en años anteriores no existía.

La ley nº 20.410, aprobada en julio del año pasado, estableció una contribución pecuniaria de los jubilados para mejorar los resultados anuales —que en 2025 sumó $ 557,7 millones— y una asistencia financiera del Estado consistente en entregas mensuales de $ 218 millones a partir de julio, más una partida adicional anual de $ 665 millones, lo que representó una inyección estatal de $ 1.973 millones en el año.

Por el lado de los ingresos, los aportes de profesionales activos sumaron $ 13.118,6 millones, con un alza de 4,5% respecto a 2024. Los ingresos por la explotación forestal —la caja arrienda desde 2011 dos campos en Cerro Largo y Florida a UPM— fueron de $ 102,2 millones, un 3,3% más que el año anterior.

En el debe, los pagos de jubilaciones ascendieron a $ 19.518,5 millones (un 11,3% más) y las pensiones a $ 3.681,4 millones (5,7% más). Los gastos de administración, que incluyen remuneraciones y servicios, totalizaron $ 740,4 millones, con un crecimiento de 2,9%.

Al cierre de 2025, la institución registró 116.631 declaraciones de no ejercicio, un 6,3% más que el año anterior. Los contadores lideran ese grupo con 22.778 casos. En el otro extremo, los profesionales con actividad declarada fueron 63.217, una baja de 0,6% interanual, encabezados por los médicos con 13.514 aportantes.

Desde el 1º de enero de este año rige, además, un aumento en la aportación de los activos, que pasó de 18,5% a 20,5%, previsto en la ley nº 17.738 de 2024 y ratificado por la ley nº 20.410. La norma habilita esa suba cuando el resultado operativo del ejercicio anterior fue negativo y se proyecta que esa situación se mantendrá en el siguiente o en alguno de los tres próximos años.

Tras analizar los estados financieros, Crowe concluyó que, considerando los efectos de la ley y las proyecciones para 2026, corresponde aplicar el principio de empresa en marcha, el concepto contable que indica que una institución puede continuar operando en el futuro previsible sin riesgo de liquidación.