La Asamblea General se encuentra sesionando en la tarde de este miércoles para considerar los informes de la comisión investigadora que abordó la compra de dos patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Cardama.

 A casi ocho meses de instalada la comisión investigadora bicameral, que analizó el proceso de adquisición de las OPV, hay cuatro informes en juego: uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana, otro de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana. 

En la previa ninguno reúne los votos suficientes para su aprobación y no se perfila una moción de consenso. El oficialismo cuenta con 65 de los 130 legisladores, la coalición con 61 y Cabildo Abierto e Identidad Soberana con dos cada uno.

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Previo a la sesión que inició a la hora 14:00, la bancada de la coalición republicana apuntó contra el gobierno del Frente Amplio. “El Frente Amplio llegó instalando el relato de la corrupción, pretendiendo dañar personalmente al exministro García, al exministro Castaingdebat y todavía al expresidente de la República Lacalle Pou. Fueron por lana y vuelven esquilados”, dijo el diputado colorado Felipe Schipani.

En sala, el miembro informante de la bancada del partido de gobierno fue Joaquín Garlo, quien al tomar la palabra señaló que la fuerza política “tuvo un objetivo claro desde el primer momento” en la creación de la comisión investigadora. “Era conocer la verdad, porque la ciudadanía tiene el derecho a saber qué pasó en torno al escándalo de Cardama. Vaya si las resultancias de la comisión han contribuido con ese fin: conocer la verdad”, dijo el diputado frenteamplista.

Garlo explicó que para la bancada del Frente Amplio “la sucesión de decisiones y omisiones debilitaron sistemáticamente y de forma progresiva los mecanismos de control y las garantías que debían proteger los intereses del Estado fueron claras”.

En ese sentido, dijo que el astillero español “incumplió sistemáticamente sus obligaciones, cuya actuación estuvo marcada por la mala fe desde un principio”.

En ese sentido, dijo que el astillero español “incumplió sistemáticamente sus obligaciones, cuya actuación estuvo marcada por la mala fe desde un principio”. Además, señaló que hubo una “deliberada disminución de las exigencias técnicas respecto a procesos anteriores de iguales características”.

“De la más de 80 características técnicas que debían cumplir las ofertas en el proceso de compra directa, que se había celebrado en el año 2022, en 2023, en el proceso en el que resulto contratado Cardama, se pasó a solamente tres; de 80 exigencias establecidas pro la Armada Nacional, el gobierno decidió disminuirla a tres”, remarcó el diputado oficialista.

Sobre esto, cuestionó que desde el Frente Amplio siguen “sin respuestas de por qué” se tomó esa decisión por parte de la administración liderada por Luis Lacalle Pou.

Por otro lado, señaló que la comisión investigadora acreditó que la empresa española “no tenía experiencia previa en la construcción de buques de este tipo, extremo que además, era conocido o debió ser conocido por quienes definieron la contratación”.  

Garlo cuestionó los “criterios de prudencia” que tomaron las autoridades a la hora de concretar la compra, debido a que se pedía la creación de un estilo de lanchas que “jamás había sido construido, comprobado y que jamás había sido puesto contra el agua a flotar”.

Por otro lado, el frenteamplista criticó que “el expediente de Cardama no contiene un solo documento sobre el proceso de constitución de garantías”. “El gobierno anterior no respaldo con una sola actuación administrativa el expediente de contratación de Cardama, el largo periplo que como veremos se llevó adelante, para después terminar con la garantía trucha famosa de Eurocommerce ”, agregó.

Sobre los pagos realizados a la empresa española, el diputado oficialista señaló que en diciembre de 2024, el entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, autorizó el primer deposito luego de emitir una nota que determinaba que se habían analizado las garantías presentadas por Cardama.

Pese a ello, Garlo recordó que “ningún funcionario del ministerio había tenido a la vista la documentación de las garantías que supuestamente se habían analizado para autorizar el pago. La documentación llegó al Ministerio de Defensa recién el 17 de diciembre, ocho días después de autorizado el pago”.

Por su parte, el miembro informante de la coalición republicana, Gabriel Gianolli, aseguró que en este caso “todos tenemos puesta la camiseta de Uruguay, peor con realidades, no con falsedades”.

Sobre el trabajo en la comisión investigadora, el diputado nacionalista afirmó que de las 23 personas que comparecieron, “ninguna habló de corrupción, de coimas, de favorecimiento de empresas ni de actos ilícitos por parte de los jerarcas políticos y militares que llevaron adelante el proceso de las compras de las OPV”.

“La documentación y la declaración de los testigos tiran por el suelo la farsa que montaron desde la transición y a partir del primero de marzo de 2025, con una paradoja; de la documentación examinada, quienes terminan cometiendo actos irregulares, graves, dentro del Estado fueron ellos”, dijo.

Con respecto a la compra directa, Gianolli explicó que se realizó bajo el amparo de compra directa por excepción del artículo 33 del Tocaf, algo que es un “mecanismo habitual y histórico para la adquisición de material militar”. Además, dijo que no “se eligió a ciegas”, sino que se estudió a ocho astilleros que habían enviado sus propuestas.

“Esta fue una decisión plenamente apoyada con respaldo técnico de la Armada Nacional. Desde el oficialismo se intentó sembrar la duda diciendo que no se podía reconstruir la actuación de la junta de almirantes, otra falsedad”, agregó el nacionalista.

Tras varias horas de discusión, el Frente Amplio logró aprobar su proyecto de resolución con 65 votos afirmativos. El escrito  solicita enviar el informe en mayoría a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía Penal competente investigue los hechos y determine las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

El texto comprende tanto a “funcionarios públicos” como a “particulares, nacionales y extranjeros”.