El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo ofrece un panorama crítico sobre el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, en Uruguay en particular se habla del sistema carcelario, el derecho a la verdad, justicia y reparación, entre otros temas.
El trabajo señala que en Uruguay “la agenda social y política estuvo dominada durante el año por la movilización social que pretendía recoger el número de firmas necesario para activar un referéndum que pudiera dejar sin efecto 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020”. “Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por las consecuencias de la imprecisa formulación de las disposiciones de esta ley, que podría afectar negativamente a los derechos humanos, sobre todo en materia de seguridad pública, derechos de las personas presas y libertad de expresión”, explica el informe.
Por otro lado, con respecto a la situación en las cárceles, Amnistía Internacional consigna datos oficiales aprobados por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que expresan que “la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y en diciembre alcanzó la cifra de 13.852 personas”. “De acuerdo con World Prison Brief, Uruguay presentaba en 2021 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur. En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, el número de personas que murieron en prisión por causas naturales en 2021 aumentó un 154% con respecto al año anterior”, informa el trabajo.
En relación al derecho a la verdad, justicia y la reparación, se da cuenta de que “17 miembros del ejército y la policía, retirados o en activo, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980”. “No se produjeron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo porque no se hallaron nuevas pruebas en las zonas de excavación y las personas sospechosas de ser penalmente responsables no aportaron nuevos datos”, dice el informe.
Además, Amnistía señala que el Parlamento inició el debate sobre un proyecto de ley sobre régimen de Prisión Domiciliaria, propuesto por Cabildo Abierto (CA), que “propone que se otorgue esta pena para los imputados o condenados mayores de 65 años”, y entre los beneficiarios se encuentran más de 20 presos en la cárcel de Domingo Arena, juzgados por crímenes de derecho internacional perpetrados en el pasado reciente.
Amnistía Internacional exige que “las autoridades adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos”. Asimismo, la organización recuerda al Estado uruguayo que “los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un Estado parte”.
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