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Amnistía: “avances en la búsqueda de personas desaparecidas han sido magros” en Uruguay

La organización señala que nuestro país “se ha comprometido” en este tema, pero hay “escasos avances”.

07.04.2021 14:56

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2021-04-07T14:56:00
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Amnistía Internacional elaboró un informe anual en el que hace un repaso de la defensa de los derechos humanos en el mundo y con un capítulo ampliado sobre Uruguay.

En este capítulo "se presentan los nudos estructurales del país, dando a conocer los riesgos de retroceso que surgen como producto de las decisiones tomadas por las autoridades y de la actual emergencia social, económica y sanitaria", señala la organización.

En el informe se habla, entre otros temas, de los desafíos que presenta la Ley de Urgente Consideración (LUC) y los "magros" avances en cuanto a la búsqueda de desaparecidos en Uruguay.

En el trabajo explican que los capítulos de la LUC "relativos al proceso penal, la gestión de la libertad y las condiciones que ofrece el sistema penal para una rehabilitación y reintegración social podrían representar una regresión importante en materia de derechos humanos, en tanto priorizan el aumento de penas, el ingreso y la permanencia en el sistema penitenciario".

"Esta situación es particularmente relevante cuando se toma en cuenta que Uruguay está siendo sistemáticamente observado a nivel internacional tanto por sus altas tasas en las penas y medidas privativas de libertad como por las condiciones de reclusión", agregan.

Además, sostiene que "según los últimos datos publicados por el Comisionado Parlamentario Penitenciario al 31 de diciembre de 2020, la población penitenciara ascendió a 13.039 personas, de las cuales el 94% (12.216) son
hombres y el 6% (805) mujeres23, lo que reafirma el elevado nivel de masculinización que caracteriza a la población carcelaria uruguaya".

En ese sentido, advierten que "Uruguay mantiene su crecimiento histórico en la "tasa de prisionización", alcanzando la cifra de 369 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y ascendiendo al primer lugar del continente".

Dictadura

Amnistía Internacional sostiene que "los avances en la búsqueda de personas desaparecidas han sido magros, a pesar de que Uruguay se ha comprometido reiteradamente, a nivel nacional e internacional, a avanzar en las investigaciones sobre crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico militar (1973-1985)".

"Uruguay se ha comprometido a avanzar en esta materia al aceptar las recomendaciones que ha recibido de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas, así como del Examen Periódico Universal y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", agrega el reporte.

Además, "en el ámbito Interamericano, Uruguay se comprometió a dar efectivo cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2011 en relación al Caso Gelman vs. Uruguay".

El trabajo recuerda que "a lo largo del año 2020 no se han hallado restos de personas desaparecidas. A su vez, entre 2005 y 2019 se han hallado restos de tan solo cinco de las 196 personas desaparecidas (43 mujeres y
153 hombres), lo que representa el 2,6% de las víctimas".

El primer cuerpo, hallado en 2005, pertenecía a Fernando Miranda. Luego se sumaron los restos de Ubagesner Chávez Sosa, Julio Castro, Ricardo Blanco y, por último lugar en 2019, Eduardo Bleier.

En ese sentido, sostienen que "el gobierno electo manifestó su intención de continuar con la búsqueda de personas desaparecidas durante la pasada dictadura militar", pero "sin embargo, pese a la voluntad expresada, se constatan escasos avances". En mayo de 2020, cuando las condiciones sanitarias lo permitieron se retomaron las excavaciones en el Batallón 14.

En el informe señalan que "en febrero, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad realizó cuatro nuevos pedidos de procesamiento a militares retirados por torturas en 1972". Sin embargo, "hay más de 60 pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad que están a la espera de pronunciamiento por parte de la Justicia".

Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, desde el año 2009 se han dictado sentencias de condena en solo 13 causas penales de las 337 causas registradas por dicho observatorio.


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