La Agenda 2030 —aprobada en 2015, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la consigna de “no dejar a nadie atrás”— volvió a ser un punto de convergencia en el Debate General que la Asamblea General de la ONU cerró el pasado lunes 29 de setiembre.
En la apertura, la presidencia del órgano, a través de Annalena Baerbock, empujó a “hacer lo mejor” para que la organización esté a la altura de su mandato; fue su primera intervención como presidenta de la Asamblea General, elegida para conducir el 80° período de sesiones.
Desde el estrado, varios jefes de delegación aterrizaron los ODS a problemas concretos y, sobre todo, a un nudo que se repite en casi todas las regiones: la falta de financiamiento y de reglas que reflejan vulnerabilidades reales. En esa línea, el vicepresidente de Tanzania, Philip Isdor Mpango, recordó que “a solo cinco años del plazo, el 80% de las metas están fuera de curso” y que la “brecha anual de financiamiento” llegó a “US$ 4 billones”, por lo que pidió “reformar el sistema financiero internacional” para que los países en desarrollo no sigan pagando el costo con crecimiento y cohesión social.
Ese diagnóstico coincidió con lo dicho por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien señaló que, pese a haber adoptado los ODS, “muchas de estas metas siguen siendo elusivas por falta de recursos” y porque algunos países "destinan más al servicio de la deuda que a salud y educación”, lo que saca de pista a toda la Agenda.
Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General. Foto: ONU
El contraste más fuerte emergió desde los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS, por su sigla en inglés). El primer ministro de Belice, John Briceño, llevó un alegato que interpela directamente a la arquitectura global: reclamó que el sistema “premie la buena gestión medioambiental”, recordó que “solo el 1% de la financiación climática llega a los SIDS y la mitad son préstamos” y denunció que, mientras tanto, “la industria de los combustibles fósiles es sostenida por billones de dólares en subsidios”, y sigue capturando los incentivos. “Invirtamos esta situación con más inversión en soluciones basadas en la naturaleza”, insistió. El reclamo vino anclado en la vulnerabilidad concreta de Belice —Caribe occidental, arrecifes y manglares bajo presión— y se apoyó en una agenda de trabajo doméstica que, según dijo, requiere respaldo internacional para no quedar a medio camino.
La dimensión ambiental también atravesó a América del Sur. El presidente de Chile, Gabriel Boric, colocó el foco en los océanos y la Antártida: reivindicó la ratificación del Acuerdo BBNJ y llamó a aprobar un área marina protegida en la Península Antártica, al tiempo que marcó una línea roja: “No podemos dedicarnos a explotar recursos si no adoptamos medidas de conservación adecuadas”, porque eso “destruye la vida marina de la que también dependemos”. En esa misma intervención, Chile presentó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General para la etapa que viene, ligando la reforma del sistema multilateral con la credibilidad para cumplir los ODS.
John Briceño, primer ministro de Belice. Foto: ONU
México, representado por su canciller Juan Ramón de la Fuente, ató los ODS a una tríada clásica de la Carta de la ONU —paz y seguridad, desarrollo sustentable y derechos humanos— y pidió “retomar los principios y propósitos” de la organización, buscando recentrar prioridades y “reencauzar esos objetivos”, con la pobreza en el tope del abordaje.
La delegación mexicana articuló igualdad de género y desarrollo inclusivo como ejes inseparables de su mensaje: “Invitamos a todas las naciones a una movilización que acelere el progreso hacia la igualdad de género”, dijo De la Fuente, aludiendo al hito de Beijing y conectándolo con resultados internos.
Como telón de fondo, la Secretaría General volvió a marcar rumbo. António Guterres retó al statu quo energético: “Los combustibles fósiles son una apuesta perdedora”, advirtió, y subrayó que hoy “los subsidios fluyen nueve a uno hacia los combustibles fósiles frente a las energías limpias”, una relación que distorsiona precios, incentivos y, en última instancia, los ODS. Desde el estrado, la presidencia de la Asamblea remató la idea de que sin acelerar el desarrollo sostenible no habrá estabilidad posible: su argumento —en clave institucional— fue que no es la Carta la que falla, sino la voluntad de los estados para hacerla cumplir y para financiar lo que declaran.
África y el Caribe empujaron, así, un doble llamado que recorre la Agenda 2030: reconocer vulnerabilidades con métricas nuevas —el índice multidimensional de vulnerabilidad que planteó Belice— y abrir más acceso a financiamiento concesional, sin agravar la deuda. El mensaje es directo: si los países que conservan ecosistemas críticos reciben poco apoyo y, a la vez, gastan más en intereses que en salud o educación, los ODS terminan siendo una promesa vacía. Belice, de hecho, sintetizó esa paradoja y exigió que los bancos de desarrollo y las economías avanzadas lideren la movilización de US$ 1,2 billones para acción climática con prioridad a los SIDS.
António Guterres, secretario general. Foto: ONU
En la región andina, el cruce entre sostenibilidad y seguridad apareció también en clave amazónica y de crimen organizado. Perú, por ejemplo, ató la defensa del ambiente a la lucha contra economías ilegales que destruyen ríos y biodiversidad, ilustrando cómo una agenda de “ODS” —agua limpia, vida de ecosistemas terrestres— colisiona con redes delictivas transnacionales.
La fotografía que deja este 80° Debate General es la de una Agenda 2030 asumida como marco común, pero atravesada por prioridades y tensiones. Para los SIDS del Caribe, el termómetro está en el océano, la adaptación y la justicia financiera. Desde África, el énfasis pasa por cerrar la brecha de recursos y reescribir reglas para que la deuda no ahogue las metas.
En Sudamérica son los océanos, la Antártida y el Amazonas los que concentran los llamados, junto con demandas de paridad de género y de una ONU con mayor capacidad de ejecución.
En paralelo, Estados Unidos —con Donald Trump— introdujo un discurso que desacredita las políticas climáticas y las energías renovables, abriendo una grieta ideológica con impacto directo en los ODS. Todo ello convive bajo la premisa que la nueva presidencia de la Asamblea, Annalena Baerbock, y la Secretaría General repitieron: sin desarrollo sostenible no hay paz duradera ni instituciones que resistan.