Santiago Mirande, el abogado de la familia de Milagros Chamorro — la joven de 29 años que en octubre pasado se suicidó en un sanatorio—, denunció que el Tribunal de Apelaciones de primer turno dictó una sentencia en la que “decidió darle la razón al abogado del violador” respecto a los medios de prueba.
La sentencia es del 4 de junio y responde a un planteo realizado por la defensa en una audiencia celebrada el pasado 20 de junio.
“Nosotros habíamos pedido esa audiencia en junio para que la jueza obligara al fiscal a diligenciar ciertos medios de prueba. La jueza dijo que no porque ella entendía que, por un artículo del Código de Proceso Penal [CPP], ella no podía obligar al fiscal; nosotros entendemos que sí, porque son varios los artículos del CPP que regulan el tema y no se puede aplicar aisladamente una norma. Hay que aplicarlas todas en conjunto, de manera coordinada, armónica”, dijo el experto legal a Montevideo Portal.
Así, enfatizó en que el tribunal únicamente “dio la razón solamente en eso”, es decir, que “no se puede obligar a un fiscal a diligenciar pruebas”.
En tal sentido, afirmó que la investigación continúa en marcha, negando versiones que circularon acerca de un posible archivo de la causa.
De esta manera, Mirande criticó que lo “único grave” de este episodio es que “lo que están diciendo es que un fiscal tiene más poder que un juez”.
En respuesta, el abogado de la familia de la joven sostuvo que está evaluando si presentar o no un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a raíz de este hecho. Esto dependerá de “cómo siga” la pesquisa, añadió.
“En paralelo, bueno, sigue la investigación del fiscal y sigue el juicio civil”, concluyó Mirande.
La causa de Milagros había sido cerrada por la Justicia, pero fue reabierta en 2024 cuando los abogados Santiago Mirande y Dahianna Romero solicitaron a la Fiscalía —amparados en el artículo 99 del Código del Proceso Penal— que se desarchivara ante la aparición de nuevos hechos y una pericia psicológica que, para los abogados, es concluyente sobre el hecho de que efectivamente se cometió el delito.
En ese momento, los defensores argumentaron que la pericia, que se llevó adelante el 14 de diciembre de 2022, contiene un relato de la víctima en el que, de forma muy completa, detalla lo que recuerda del 17 de setiembre de 2010.
Chamorro denunció que fue violada por un grupo de cinco jóvenes, en el marco de una fiesta organizada por uno de ellos en Punta del Este. Sin embargo, el Ministerio Público archivó en dos ocasiones el reclamo formal de la joven.
La víctima acudió en reiteradas oportunidades al Casmu en busca de ayuda psiquiátrica, antes de decidir terminar con su vida a fines de octubre de 2024.
Además, en enero, el Ministerio de Salud Pública remitió a Fiscalía un informe acerca del caso de Chamorro, elaborado por la Comisión Nacional de la Atención en Salud Mental. El informe en cuestión reveló “fallas” en el proceso asistencial de la mutualista Casmu hacia Chamorro, las cuales “pueden devenir en delitos”.