La Justicia convocó para este jueves 8 de octubre, a las 13:00 horas, a una audiencia de prórroga de medidas cautelares contra Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, fundadores de República Ganadera, en la causa que investiga el colapso del fondo ganadero que dejó alrededor de 1.400 damnificados y un pasivo estimado de US$ 95 millones.
Así surge de un decreto firmado el 6 de octubre por el juez Alejandro Asteggiante, que convoca a los empresarios y a su defensa a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno y a la defensa de las víctimas. El documento fue difundido en la red social X por el abogado Juan Pablo Decia, quien representa a los inversores damnificados.
“A dos años de las denuncias se sigue postergando la formalización de la investigación, pese a la contundente evidencia incriminatoria. Una verdadera afrenta al sistema de Justicia. La Fiscalía de Económicos de 1° Turno totalmente desarmada. Aquí sus consecuencias”, escribió Decia al publicar la notificación.
Las medidas impiden a Jasidakis y Mussio salir del país mientras avanza la investigación. En febrero, la Justicia ya las había prorrogado por seis meses, en esa oportunidad sin audiencia, porque la defensa de los empresarios se allanó a la medida.
EL CASO
Los fundadores declararon por primera vez ante la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno el 16 de diciembre de 2025. Al inicio de la audiencia, la defensa, a cargo del penalista Eduardo Sasson, anunció que no respondería preguntas de los abogados de los denunciantes, por lo que Decia y Fernando Posadas se retiraron. Para entonces, ya habían declarado más de 15 personas vinculadas a la empresa.
En esa instancia, Jasidakis y Mussio atribuyeron la caída de la firma a la sequía, que desde 2021 volvió negativos los números del negocio, y al derrumbe del Grupo Larrarte, la primera empresa del sector en caer, que según dijeron fue un golpe decisivo. También relataron que se habían reunido con Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera, quien habló de un “salvataje” que no llegó a concretarse tras su muerte en un siniestro de tránsito en noviembre de 2024.
República Ganadera cayó en noviembre de 2024 y en marzo de 2025 la Justicia declaró su concurso, apartó a sus autoridades y designó como síndica a Zamira Ayul. La propuesta de los exdirectores para recuperar el 100% del capital invertido en nueve años no obtuvo las adhesiones necesarias y, en noviembre de 2025, se decretó la liquidación de la empresa. Sin embargo, en mayo de este año el Juzgado de Concursos de 2° Turno revocó esa decisión y convocó a una nueva junta de acreedores para considerar la propuesta de convenio.
Según la rendición de cuentas presentada por la sindicatura en mayo, al 31 de marzo los activos computables de la empresa ascendían a US$ 9.574.901. En ese período, la venta de ganado alcanzó casi US$ 12 millones, con más de 16.000 vacunos vendidos.