El edil nacionalista Gonzalo Gómez presentó una moción en la Junta Departamental de Montevideo dirigida hacia el intendente Mario Bergara con el fin de que comparta su “decisión política” sobre la adjudicación del exparador Nelson, en Parque Rodó, por el gobierno de Mauricio Zunino a Adiser S.A., que afirma “fue contra todas las normas”.

En diálogo con Montevideo Portal, el curul capitalino sostuvo que busca que la nueva administración del Frente Amplio “deje sin efecto la cesión y ampliación de la concesión del predio”, tal como lo dispone la resolución N° 4910/24. Gómez insiste en que la Intendencia de Montevideo (IM) no siguió los procedimientos correspondientes para adjudicar la consesión y que “violó la ley orgánica municipal”, que en el artículo 35 establece que “si en una licitación un contrato supera el período de gobierno debe, si o si, pasar por la junta departamental para su aprobación”.

Gómez también afirma que la IM archivó una observación del Tribunal de Cuentas (TCR) sobre el contrato que fue ampliado en noviembre de 2024, a pesar de haberse vencido en mayo de ese año. La nueva firma instalará una nueva franquicia de Burger King y tiene contrato por 20 años.

En una primera instancia, la consesión el parador era de la firma Necomar S.A., que tenía un contrato con un plazo de 10 años, prorrogables por hasta otros en períodos de dos en dos.

En abril del año 2016, la concesión fue cedida la empresa Kerifos S.A., y en noviembre de 2024 a la empresa Adiser S.A. El edil blanco sostiene que el contrato original venció formalmente el 11 de mayo del año pasado, y que, de acuerdo con un informe de la División Jurídica de la Intendencia de Montevideo, se habría prorrogado tácitamente hasta el 11 de diciembre de 2024, “invocando la pandemia como causa justificante”.

Desde la comuna argumentaron que el parador cerró seis meses por las medidas que se tomaron por el virus, por lo que lo descontó del plazo. Gómez afirma que la IM no realizó un nuevo llamado a licitación ni presentó el caso ante la Junta Departamental. Adiser comprometió a invertir $34.416.488 en el predio, casi US$ 1 millón.

Además de la observación del TCR y de afirmar que el contrato estaba vencido cuando se renovó, el edil blanco sostiene que la adjudicación no cumple con los requisitos de varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

“Quiero saber si esta nueva administración ratifica la postura y la decisión de Zunino. Por eso presenté una moción en la Junta dirigida al intendente. En primer lugar, solicitando dejar sin efecto esta cesión de la ampliación de la consesión, preguntándole cuál va a ser la postura de Bergara en cuanto a esta licitación que se le otorgó”, dijo Gómez.

El edil blanco destacó que cuestiona el accionar de la comuna capitalina ante la conseción, porque “viola las leyes, debilita los mecanismos del control, el prestigio institucional de la intendencia y que presenta un precedente grave”.

“Nos gustaría saber si el intendente Bergara pretende que esto pase por abajo y nadie se entere, que continúe y que se comiencen las obras y se olvide el tema o prefiera entender que esto estuvo mal y que habría que rever y ya hacer un llamado a licitación pública como debería ser”, dijo el curul nacionalista.

En junio de este año, los ediles opositores de la Junta Departamental de Montevideo cuestionaron el acuerdo por las irregularidades en los plazos contractuales. Dos de ellos, Javier Barrios Bove y Rafael Seijas, remitieron una misiva al presidente de la Junta para ser enviada al entonces intendente de Montevideo, Zunino.

Allí solicitaron, en primer lugar, que se los remita “el informe de la División Asesoría Jurídica referido en la Resolución 4910/24 de fecha 22 de noviembre de 2024, donde justifica que, a pesar de que el plazo contractual de la licitación estaba formalmente vencido, se procede a la prórroga de este hasta el 11 de diciembre de dicho año”.

En cuanto a la “prórroga” referida, también pidieron información sobre la fecha de realizada la solicitud y que se exprese “cuál es la norma jurídica o cláusula contractual en que se basó la intendencia para realizar la prórroga por razones de que la explotación comercial estuvo cerrada durante la pandemia”.

Pidieron también saber si hubo un “acuerdo previo” entre la empresa Kerifos S.A. (adjudicataria anterior) y Adiser S.A. y acceder a este.