En los últimos días, los legisladores Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) presentaron dos proyectos de ley con objetivos similares: ambos incluyen la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura.
En el caso de la iniciativa de Goñi, prevé esa posibilidad para reclusos mayores de 70 años. En cuanto al proyecto de Bordaberry, contempla ese beneficio para militares mayores de 75 años condenados por hechos ocurridos hasta 1985.
Anoche, en rueda de prensa, la vicepresidenta Carolina Cosse —quien preside la Cámara alta— fue consultada acerca de ambas iniciativas, que se tratarían el año próximo en el Parlamento.
“No conozco esos proyectos, de hecho todavía nadie los conoce. Irán a comisión, serán tratados y discutidos”, señaló Cosse, describiendo la dinámica habitual de los proyectos de ley.
“Si usted me pregunta mi opinión personal sobre el tema de las personas que están privadas de libertad por haber cometido crímenes de lesa humanidad, mi posición es que eso debe permanecer así, precisamente porque son crímenes de lesa humanidad”, aseguró.
“Esa es una pregunta que usted no me hizo; usted me habló de dos proyectos que yo no conozco. Yo me autopregunté y me autorrespondí”, detalló.
Cosse consideró que los delitos de lesa humanidad “hieren lo mejor del ser humano”, y consideró que modificar los castigos podría transmitir un mal mensaje.
“En una democracia nos educamos entre todos, todo tiene una parte de educación y de un mensaje que le damos a las generaciones que vendrán. Entonces, ¿qué mensaje estaríamos dando si decimos si alguien comete hoy un delito de lesa humanidad, no va a recibir lo que la ley diga que tiene que recibir? No es un buen mensaje. Sobre todo en tiempos en los que hablamos de fragilidad de las democracias, de proteger la democracia todos los días, tenemos que ser claros con eso”, expresó.
“Repito: los proyectos no los conozco y los va a tratar el Parlamento”, concluyó.