La presidenta y el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero y Mauricio Fuentes, emitieron un comunicado en conjunto este jueves en el que informaron e hicieron consideraciones sobre un fallo judicial contra las adolescentes que agredieron a la dirigente nacionalista Valeria Ripoll.
El hecho ocurrió el pasado viernes. La excandidata a vicepresidenta informó en sus redes sociales que había sido golpeada junto a su hija por un grupo de jóvenes en la puerta de su casa, que se encuentra a pocos metros del Hogar Magnolia del INAU. Hace unos meses, la nacionalista había denunciado que las mismas internas llegaban por las noches causando desmanes, golpeando puertas y a los gritos.
La Policía logró identificar a las menores y en las últimas horas fueron puestas a disposición de la Justicia. Este jueves, la Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno logró la imputación de las tres por los delitos de lesiones personales y violencia privada y se les impuso una medida cautelar de 30 días de privación de libertad en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
A raíz de ello, Romero y Fuentes compartieron un comunicado en sus perfiles de redes sociales en el que dijeron que la resolución judicial era una “muy triste noticia”. “En el Sistema de Protección Especial existen problemas que son estructurales y persistentes que Uruguay necesita resolver, y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad sabiendo que no somos ajenos a esa situación”, señala.
“Esto provoca aún mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias de gran dolor y daño. El sistema arrastra debilidades sobre las que estamos trabajando, con acciones de corto, mediano y largo plazo, pero los procesos de transformación institucional no se producen de manera automática”, agrega.
Los jerarcas señalaron que la violencia como medio para la resolución de conflictos es “injustificable”, pero “nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento”. “La privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso. Y esto no es solamente una recomendación: es una exigencia jurídica respaldada en el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño”, argumentan.
“La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración. Llamamos a todos los actores a abordar esta situación con la responsabilidad institucional que amerita y privilegiando, como siempre debiera ser, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, finaliza la misiva.