“Tiene que denunciar en comisaría”: condenan al Estado a pagar US$ 200.000 por femicidio

La Justicia condenó al Estado a pagar US$ 200.000 a la familia de Dahiana Laguna, asesinada por su expareja el 4 de agosto de 2022 en el barrio Paso de las Duranas, en Montevideo. La sentencia constató 22 errores en las actuaciones de los organismos que debían proteger a la mujer, quien había denunciado reiteradamente las amenazas y agresiones del hombre.

El femicidio ocurrió cuando Laguna salió de su casa, ubicada en las calles Mazangano y María Orticochea, rumbo a la Seccional 8ª para denunciar que su expareja se encontraba en el techo de la vivienda. La mujer había llamado a la Policía, pero, según el relato de los hechos, le indicaron que debía trasladarse hasta la dependencia policial (unas siete cuadras) para formalizar la denuncia.

Sus dos hijas, que entonces tenían 6 y 11 años, habían advertido la presencia de su padre y alertado a su madre. Cuando Laguna salió de la vivienda con las niñas, el hombre le disparó en la calle, frente a ambas. La mujer murió y el agresor, Ernesto Javier Medina, se quitó la vida posteriormente.

La relación había durado unos 12 años y, según los antecedentes del caso, estuvo marcada por la violencia. Laguna había contado que su expareja la manipulaba para que retomaran la convivencia. La situación se agravó cuando la hija mayor, que entonces tenía 10 años, se autolesionó porque no quería seguir viviendo con su padre. A partir de ese episodio, la mujer comenzó a denunciarlo ante la Policía.

Al cumplirse un año del crimen, la familia informó que Laguna había realizado ocho denuncias. En una declaración ante el Juzgado de Familia, el 27 de junio, describió las agresiones y amenazas que sufría.

“Siempre fue violento, más de una vez me levantó la mano y una vez me amenazó con un cuchillo [...]. No para de amenazarme, me dice que si me quedo con la casa la va a prender fuego conmigo y nuestras hijas adentro”, relató.

La mujer también había solicitado que a su expareja le colocaran una tobillera electrónica para controlar sus movimientos. Su hermana contó que Laguna le había explicado que presentó una solicitud escrita en la comisaría.

“Me contaba que hizo una carta con sus propias manos, en la comisaría, pidiendo que le pusieran una tobillera. Le ofrecieron si quería tobillera o a la Policía de custodia y ella pidió tobillera, que nunca se la pusieron”, recordó tiempo atrás en una entrevista con el periódico El Observador.

La hermana también recordó cómo vivieron las horas previas al femicidio. “El día que pasó eso, él andaba a las 3 de la tarde por los techos. La nena grande dijo que se hicieron las dormidas porque andaba el padre por ahí y tenían miedo”, dijo al citado periódico.

Los errores constatados por la Justicia

De acuerdo con el abogado de la familia, Pablo Lamela, la sentencia identificó fallas en las actuaciones policiales, fiscales y judiciales que, en conjunto, contribuyeron a que no se evitara el crimen.

“Son errores constatados tanto en la actuación policial, en lo que es la comunicación de la denuncia, en seguimiento de medidas cautelares; en la Fiscalía en cuanto a la comunicación y el tratamiento del agresor, en cuanto a la prevención, en la investigación; y el Poder Judicial en decisiones que se consideraron tardías, otras mal tomadas y que una cosa fue llevando a la otra y evidentemente generando todo un clima y una situación absolutamente desregularizada que posibilitaron que el agresor terminara consumando el femicidio”, explicó el abogado.

Lamela también indicó que ningún fiscal había asumido el caso antes de la muerte de Laguna. Los fiscales que intervinieron lo hicieron porque estaban de turno cuando recibían las notificaciones policiales.

La condena estableció una indemnización de US$ 200.000 para el conjunto de la familia, por distintos conceptos, entre ellos daño moral y daño emergente. El monto no corresponde a una única persona, sino al reclamo presentado por los familiares en su totalidad.

“La cifra terminó siendo una condena efectiva en 200.000 dólares. Esto es un juicio que hizo toda la familia, en su totalidad, o sea, no es una cifra que se corresponda a una persona en particular. Pero bueno, abarca varios rubros, lo que es daño moral y también daño emergente”, explicó Pablo Lamela, abogado de la familia, en declaraciones al noticiero Telemundo.

La defensa prevé apelar para intentar mejorar los montos de la indemnización, aunque la familia considera satisfactorio que la Justicia haya reconocido los errores denunciados. Pese a la condena al Estado, no se aplicaron sanciones individuales a las personas involucradas en las actuaciones cuestionadas.

El abogado sostuvo que el fallo puede servir como antecedente para revisar los procedimientos estatales y evitar que se repitan situaciones similares.

“Primero, que genera un antecedente dentro del propio Estado, que genera un antecedente para revisar su propio accionar, detectar estas fallas que están establecidas no solamente por lo que dice una familia, sino ahora por un juez del Estado, de hecho un juez del Poder Judicial que juzga el propio accionar del Poder Judicial, que se revise de ese punto de vista; que no se olvide, por supuesto, de Dahiana; y de acá en adelante que pueda ser un mojón para la sociedad en general”, concluyó Lamela.