La sesión de este martes de la Cámara de Diputados tuvo una polémica a raíz de que el Ministerio del Interior definiera como reservada la respuesta a un pedido de informes del diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, junto a su par de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita y el colorado Sebastián Sanguinetti, sobre los cambios introducidos en los pasaportes.

El nacionalista planteó una cuestión de fueros durante la sesión de este martes, en rechazo a la resolución del ministro Carlos Negro. Luego de esto, y de un cuarto intermedio, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, leyó un documento remitido por el Ministerio del Interior en el que señalaba que “por error de la Secretaría Administrativa del ministro y por una mala lectura de algunos protocolos internos, fueron respondidos algunos pedidos de informes con el rótulo de reservado”, cuando “no correspondía catalogar con esa categoría”.

Ante esto, el diputado colorado Conrado Rodríguez planteó que el Ministerio del Interior debería levantar, mediante una resolución, la reserva de los pedidos de informes catalogados de esa manera y, al mismo tiempo, abrir una investigación administrativa “para que a los funcionarios que tomaron esa decisión se los responsabilice”, según dijo el legislador a Montevideo Portal.

“Si no lo hace, la responsabilidad recae sobre el propio ministro”, apuntó. “Es una cosa de locos. No responde ninguna autoridad del ministerio. Un adscripto —que ni siquiera es funcionario público— da la cara, cuando las autoridades del ministerio no dan la cara del modus operandi que están llevando. Es una vergüenza”, sumó. 

El colorado también abordó el tema en X, donde consideró lo sucedido como “inaudito”. “Si pasa, pasa”, lanzó.

En su diálogo con Montevideo Portal, el diputado argumentó que “en los pedidos de informes no está establecida la reserva”.

“No lo dice ni el artículo 118 de la Constitución ni la ley reglamentaria de los pedidos de informes de los legisladores. La reserva está establecida en la ley de acceso a la información pública, que puede pedir cualquier ciudadano. Pero acá se trata de un pedido de informes de los legisladores, y por eso se está violentando el derecho que tienen los legisladores de pedir informes a los organismos públicos”, señaló.