“No estamos ante un asesino serial”: así fue la audiencia clave del caso de González Bica

Mucho se habló de la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica y tuvo repercusiones a todo nivel. La jueza María Helena Mainard enfrenta una investigación del Poder Judicial por las decisiones tomadas, y a nivel político el ministro Luis Alberto Heber la criticó duramente, ante lo que los magistrados salieron al cruce. Sin embargo, el caso sigue agregando capítulos ahora que se conocieron los audios de la audiencia en la que se estaba solicitando la prisión domiciliaria por parte de la defensa de González Bica, actualmente en prisión preventiva por los documentos falsos que presentó en estas audiencias.

Los audios, que fueron presentados este martes en Informativo Sarandí, plasmaron lo que fue la discusión entre las partes en el marco de la definición sobre si se disponía o no prisión domiciliaria. Mónica Fernández, fiscal adscripta de Mónica Ferrero, comienza hablando en el primer audio y argumenta que pidió el informe pericial, pero reconoce que este no es “concluyente en cuanto a que no pueda permanecer en la cárcel”, sino que decía que no se cumplían las indicaciones médicas y controles, corriendo un riesgo grave, y que ese centro penitenciario no era el adecuado.

“Estimo que tendrían que agotarse las posibilidades de conseguir un establecimiento que pueda cumplir: que esté más cercano y que se cumplan los tratamientos que impongan los médicos tratantes”, dijo la Fiscalía, mientras que Mainard, casi de inmediato, le responde: “¿Y cuál sería, doctora? Porque por lo que yo tengo entendido, a nivel carcelario… no sé dónde, en la China capaz, debe ser otro país porque acá…”.

“Las visitas las hacemos periódicamente a las cárceles, no tienen lo mínimo. Una analgesia no les dan a veces, no tienen vehículos para los trasladados. Yo entiendo su planteo, y lo considero, pero quiero que me diga a dónde lo llevamos, porque yo tengo que tener una solución; no se puede plantear algo tan genérico”, argumentó Mainard.

La fiscal adscripta expresó que la primera medida que ella entendía viable era que fuera alojado en el Centro de Diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), hasta que se decidiera si había una unidad en condiciones de hacer los traslados y brindar la medicación necesaria.

La abogada de González Bica, Mercedes Acosta, aportó que el riesgo de salud de su defendido se había acreditado mediante el informe pericial realizado por el médico forense del Departamento de Medicina Forense con fecha 8 de mayo (que después se constató que era falso), en el que se expresaba que las patologías crónicas que presentaba en conjunto “implican una relación de complejidad” que requería un “particular abordaje asistencial”.

“Durante su permanencia no se ha cumplido con las indicaciones médicas, tratamientos y controles, exponiéndolo a un grave riesgo para su salud e integridad física. Es por todo lo anterior que se puede inferir que en la unidad donde se encuentra recluido no se cuentan con las condiciones necesarias que requiere el señor González”, comentó la abogada.

Luego, en otro pasaje, la defensora dice: “La pericia es clara y no admite dudas. Justamente, es de destacar que ninguna de las unidades del INR, ninguna doctora [refiriéndose a la Fiscalía] cuenta con las condiciones, contextos o escenarios para poder cumplir con estos tratamientos médicos, controles, para la situación sanitaria de mi defendido”.

“No olvidemos que estamos ante un caso de problemas renales que ameritaba tres veces diálisis por semana, cada dos meses, y justamente sabemos todos los operadores que, por más voluntad que tengan las unidades, no hacen los traslados, no llevan en tiempo y forma. Ponderando el medio de prueba, que es lo que exige la ley, que es el informe pericial, no fue hecho por ASSE por otro médico particular, sino que fue hecho por el perito forense, la conclusión es sin dudas”, añadió.

Posteriormente, en el audio la abogada dice que, para darle más garantías a la Fiscalía, la defensa estaba dispuesta a aportar periódicamente los controles médicos, aunque eso no pareció convencer a la Fiscalía, ya que la Fernández replica diciendo que el delito que cometió el penado es “muy grave”.

A sus palabras respondió Mainard, quien replicó diciendo que “nadie lo estaba dejando en liberad”, a lo que la defensa de González reafirma diciendo: “Exacto”.

“Yo quiero saber, que me diga la Fiscalía, a ver a dónde yo pido información para ver dónde lo dejamos internado. Yo no lo voy a dejar tirado por ahí. Necesito datos concretos para resolver, ustedes son las partes y me tienen que traer la solución. Si usted [a la Fiscalía] me está planteando que tiene que estar recluido en un centro de reclusión que atienda su salud, bueno, diga cuál es o a dónde yo pido información que me diga si hay lugar o no”, explicó Mainard.

Fernández expresó que se debería reclamar información a la dirección del INR, pero insistió en que, dada la situación especial, se podría sugerir que volviera al Centro de Diagnóstico, que se supone que es una cárcel “que está en mejores condiciones que el Penal de Libertad”.

“La Fiscalía lo que tiene que hacer es tratar de hablar en el INR para pedir el pronto despacho, pero más la Fiscalía no puede hacer, porque lo que plantea el médico forense es que esa unidad no está en condiciones”, afirma Fernández en el audio.

La abogada de González Bica responde: “No estamos ante un asesino serial con pérdidas de vidas humanas. Yo sé que estamos ante un caso importante de droga. Acá no se está pidiendo la libertad de él absoluta para que deambule por el país o para que se vaya del país. Le estamos dando un informe tal cual nos pide la ley, se acredita, todos sabemos que el INR no se va a hacer cargo de tener a esta persona o ponerlo en un mejor lugar para evaluarlo. Acá tenemos el control del lugar, del domicilio, tobillera, no sé qué más garantía, doctora. Eso de pedir información al INR, no sé, no nos satisface”, opinó.

Mainard reconoció entonces que lo que el INR haría era responder por sí o por no. “No lo va a cumplir tampoco”, concluyó.

La conclusión

El último audio presentado en el medio anteriormente mencionado se escucha decir a Mainard que pedirá la prisión domiciliaria y que se reverá su situación cada cuatro meses por un médico forense, para ver si se encuentra en condiciones de ser reintegrado.

La fiscal adscripta le informó que apelaría dicha sanción, y la defensa de González preguntó si él se tendría que mover para que el médico corroborara su situación, si lo vendría a buscar o si iría el médico.

Mainard contestó que no, que estaría en prisión domiciliaria por lo que no podría moverse de su casa. Luego, la jueza se refirió a la fiscal y dijo que entendía que el delito era grave, pero porque fuera grave no lo iba a “dejar morir en reclusión”.

“Ese es mi concepto de las cosas. El señor no es un santo varón, tiene una condena de cuatro años; sé que no es un angelito bajado del cielo, tiene una pena, la tiene que cumplir, pero sabemos la situación del INR hoy por hoy. Porque no tiene ni recursos humanos ni económicos, ni vehículos, y sabemos que esté alojado donde esté alojado, no se va a cumplir con el tratamiento médico. Entonces, para mí es una responsabilidad que esté internado, le pase algo y me vengan a golpear la puerta a mí, diciéndome: ‘Doctora, con esta situación y con la situación de las cárceles hoy, usted lo dejó preso’”, concluyó.